• Fiscalía ha solicitado el dispositivo en al menos dos ocasiones sin éxito
• Alcaldesa condiciona revisión del teléfono a que se realice bajo su supervisión
• Autoridades consideran clave el contenido para esclarecer el homicidio
La investigación por el asesinato de Carlos Manzo enfrenta complicaciones luego de que la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, no ha entregado el teléfono celular del exalcalde a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
El fiscal Carlos Torres Piña informó que, pese a que la dependencia ha requerido el dispositivo en al menos dos ocasiones durante noviembre y diciembre, la alcaldesa ha establecido como condición que cualquier revisión se lleve a cabo únicamente en su presencia, con el argumento de evitar posibles alteraciones en la evidencia.
Según explicó el funcionario, esta postura se basa en una supuesta petición previa del propio Manzo. “La presidenta Grecia fue muy enfática en decir que Carlos Manzo en vida siempre mencionó que no quería que el celular lo tuviera alguna otra persona”, señaló.
El fiscal precisó que el teléfono no fue integrado inicialmente como prueba formal, ya que se mantuvo bajo resguardo familiar como un objeto personal. No obstante, subrayó que su análisis resulta fundamental para avanzar en las indagatorias, ya que podría contener información relevante sobre amenazas o vínculos relacionados con el crimen.
Además, indicó que existen indicios de posibles filtraciones internas el día del atentado. “La referencia que nosotros tenemos es que desde adentro le informaban a los agresores el minuto a minuto de lo que pasaba ese día”, detalló, al mencionar comunicaciones detectadas en grupos de mensajería donde habrían participado funcionarios municipales.
Torres Piña destacó que, a diferencia de la alcaldesa, al menos 14 servidores públicos han colaborado con la investigación, permitiendo el acceso a sus dispositivos móviles y acudiendo a entrevistas ministeriales.
En paralelo, informó que el secretario particular de Manzo, Sigfrido Múgica, no ha atendido tres citatorios emitidos por la autoridad, aunque aclaró que no existe una denuncia formal por su desaparición ni orden de aprehensión en su contra.
Respecto al proceso judicial, el fiscal señaló que cualquier posible beneficio legal para los escoltas implicados deberá ser consultado con las víctimas indirectas, entre ellas familiares cercanos del exalcalde.
La Fiscalía no descartó recurrir a mecanismos legales para obtener el dispositivo, al considerar que su contenido podría ser determinante para esclarecer los hechos.
