Más allá de los operativos mundialistas, el verdadero reto de Pablo Vázquez será demostrar que una policía democrática puede ser firme frente a la violencia, eficaz contra los grupos radicales y contundente en la depuración de los elementos que deshonran el uniforme
La inauguración del Mundial 2026 concentró, en un mismo punto del mapa, casi todo lo que puede poner a prueba a una metrópoli: un evento seguido por cientos de millones de personas en el mundo, un estadio con cerca de 87 mil asistentes, manifestaciones convocadas por la CNTE, colectivos, madres y padres buscadores y organizaciones sociales, además de la presencia de grupos radicales dispuestos a aprovechar los reflectores globales para la confrontación.
El pronóstico razonable era el caos.
Sin embargo, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de medio millón de personas participaron en las distintas actividades vinculadas a la inauguración del Mundial 2026, entre el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo, los festivales futboleros en las 16 alcaldías y las celebraciones en el Ángel de la Independencia.
Conviene detenerse en lo que eso significó operativamente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no resolvió un problema aquel jueves: resolvió varios al mismo tiempo. Tuvo que proteger el perímetro del estadio, coordinar el Operativo Última Milla para garantizar la seguridad de decenas de miles de asistentes, garantizar la seguridad de delegaciones internacionales y contener movilizaciones que, por su propia naturaleza, buscaban aprovechar la visibilidad global del evento.
Al frente de esa responsabilidad se encuentra Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana desde 2023, licenciado por el ITAM y especialista en políticas de seguridad. Bajo su coordinación operan más de 86 mil integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entre Policía Preventiva, Auxiliar y Bancaria e Industrial.
Les cuento que en los últimos años, afortunadamente se han registrado avances en sus condiciones laborales. La propia SSC reportó que el salario promedio policial pasó de 11 mil 144 pesos mensuales en 2018 a 20 mil 372 pesos en 2025, acumulando siete años consecutivos de incrementos salariales.
Más allá de los operativos mundialistas, el verdadero reto de Pablo Vázquez será demostrar que una policía democrática puede ser firme frente a la violencia, eficaz contra los grupos radicales y contundente en la depuración de los elementos que deshonran el uniforme.
Pero esta columna no trata sobre un funcionario, ni incrementos salariales. Trata sobre una contradicción que la Ciudad de México lleva años evitando discutir.
¿Por qué seguimos normalizando la violencia de grupos radicales llamados “bloques negros” en las manifestaciones?
Cada movilización relevante en nuestro país, parece repetir las mismas imágenes e historias: aparecen encapuchados, se destruye mobiliario urbano, se vandalizan inmuebles, se agrede a policías e incluso a quienes les confronten. Después, después se abre el mismo debate estéril donde unos justifican los daños en nombre de una “causa” y otros exigen respuestas que nunca terminan de llegar.
Lo cierto es que la SSC enfrenta retos enormes. La Ciudad de México debe actuar con prudencia y evitar cualquier escenario de represión, una condición indispensable en toda democracia. Lo preocupante es cuando esa prudencia comienza a confundirse con resignación frente a la presencia recurrente de los mismos grupos violentos de siempre, los llamados “bloques negros”.
Mientras la discusión pública gira alrededor de los encapuchados, miles de policías sostienen la operación cotidiana de la ciudad. Resguardan marchas, conciertos, partidos, emergencias, inundaciones, accidentes y eventos masivos; reciben insultos, piedras y agresiones mientras trabajan bajo protocolos cada vez más restrictivos y bajo el escrutinio permanente de las redes sociales.
Paradójicamente, suelen ser los grandes olvidados de la conversación pública. Aunque reconocer el trabajo de la mayoría de los policías de la SSC, tampoco implica ignorar que existen elementos que deshonran el uniforme con actos de corrupción y abuso de autoridad.
Y sí, la Ciudad de México tiene razón al exigir una policía profesional, capacitada y respetuosa de los derechos humanos. Pero esa exigencia también implica una responsabilidad compartida: mejores condiciones laborales, mayor respaldo institucional y ciudadanos dispuestos a respetar la ley, denunciar los abusos y no normalizar la violencia. La seguridad no es tarea exclusiva de la policía; es una responsabilidad colectiva.
Cuando una ciudad de más de nueve millones de habitantes, evita el desorden que todos anticipaban en días de jornada mundialista, quizá sea momento de reconocer que alguien hizo bien su trabajo.
