- López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de fabricar expedientes contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa.
- En su libro Pueblo, sostuvo que las acusaciones tendrían objetivos político-electorales y cuestionó el uso de testigos protegidos, filtraciones y versiones difundidas en medios.
- La FGR mantiene abiertas las investigaciones en México, mientras el gobierno mexicano ha señalado que EU no ha entregado las pruebas solicitadas para sustentar sus acusaciones.
López Obrador cuestiona el expediente estadounidense
El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades y agencias de Estados Unidos de recurrir a calumnias y fabricar expedientes con “pruebas hechizas” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez, y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
Los señalamientos aparecen en su nuevo libro, Pueblo, en el que López Obrador cuestiona la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los políticos sinaloenses.
El exmandatario sostuvo que las autoridades estadounidenses han recurrido históricamente, según su interpretación, a testigos protegidos, filtraciones, manejo de información en medios y versiones elaboradas para favorecer a quienes presentan las acusaciones.
López Obrador calificó estas prácticas como parte de un procedimiento que, a su juicio, busca construir expedientes contra funcionarios de otros países.
¿De qué acusa EU a Rocha Moya e Inzunza?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados presuntamente habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El propio Departamento de Justicia aclara que los hechos descritos en la acusación constituyen alegaciones.
López Obrador cuestionó esos señalamientos y sostuvo en Pueblo que el expediente fue construido mediante prácticas que considera parte de una estrategia de desprestigio.
Es importante distinguir entre ambas posiciones: las acusaciones contra los funcionarios corresponden al Departamento de Justicia de EU, mientras que la afirmación de que los expedientes contienen “pruebas hechizas” es una valoración expresada por López Obrador en su libro.
FGR mantiene abiertas las investigaciones en México
En julio, la Fiscalía General de la República informó que, a partir de la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición, abrió investigaciones relacionadas con las 10 personas señaladas.
La FGR indicó entonces que no contaba con elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo establecido por la legislación mexicana para proceder contra los funcionarios, aunque las investigaciones permanecían abiertas.
El caso también tuvo consecuencias políticas para Rocha Moya. El gobernador solicitó licencia en mayo y posteriormente regresó al cargo en agosto.
La Secretaría de Gobernación señaló que su reincorporación fue una decisión personal y confirmó que las carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por Estados Unidos continuaban abiertas. También informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado reiteradamente al Departamento de Justicia estadounidense las pruebas que sustentaran sus acusaciones.
AMLO atribuye fines político-electorales al caso
En Pueblo, López Obrador sostuvo que las acusaciones contra los funcionarios sinaloenses forman parte de una estrategia con fines “político-electorales”.
Según su interpretación, las autoridades estadounidenses buscarían influir en la opinión pública de ese país y atribuir a México parte de la problemática relacionada con el consumo de drogas.
El expresidente también cuestionó el tratamiento que algunos medios estadounidenses han dado a las acusaciones y consideró que existe una narrativa orientada a generar una determinada percepción sobre México.
Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por López Obrador en su libro y no constituyen una determinación judicial sobre la actuación de las autoridades estadounidenses.
López Obrador respalda postura de Sheinbaum
El expresidente también respaldó la posición que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado frente al caso: que cualquier acusación debe estar sustentada en pruebas y que corresponde a las autoridades mexicanas actuar conforme a sus atribuciones.
En agosto, el gobierno mexicano señaló que Estados Unidos aún no había proporcionado las pruebas solicitadas para sustentar los señalamientos contra Rocha Moya.
López Obrador vinculó esa postura con su propia crítica a las acusaciones y sostuvo que, si los señalamientos carecen de elementos y responden a objetivos políticos, México debería denunciar una posible intromisión.
El caso permanece abierto
La acusación presentada por Estados Unidos contra Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios continúa siendo materia de investigación.
Mientras las autoridades estadounidenses sostienen sus acusaciones en el expediente presentado ante sus tribunales, en México la FGR mantiene abiertas sus investigaciones y ha señalado que, hasta la información reportada en julio, no contaba con elementos suficientes para proceder conforme al estándar probatorio mexicano.
En este contexto, López Obrador incorporó en Pueblo su propia interpretación del caso y acusó a autoridades estadounidenses de utilizar expedientes que, según él, fueron construidos con “pruebas hechizas”.
