La presidenta Sheinbaum impulsa un registro único de celulares para reducir el uso de líneas anónimas; el 30 de junio se darán de baja las que no cumplan. Los datos quedarán en manos de las empresas y sólo se accederá con orden judicial
En México, la extorsión telefónica dejó de ser un delito “de oportunidad” para convertirse en una industria. Más de 50% de estos fraudes provienen de los 325 centros penitenciarios del país y, peor aún, 85% de las llamadas para robar y estafar salen de sólo cinco penales.
El dato no sólo exhibe la magnitud del problema: desnuda una falla estructural. Si se sabe de dónde sale buena parte del veneno, ¿por qué sigue corriendo?
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió apostar por un registro único de celulares para cortar el oxígeno de la telefonía anónima que alimenta la extorsión, el fraude, el robo y el acoso.
El proyecto no es nuevo: otros gobiernos lo intentaron y fracasaron. El argumento oficial es que ahora cambiará el método y, sobre todo, la responsabilidad que asumirán las compañías telefónicas.
Las cifras explican la urgencia. De 158 millones de líneas activas en México, 85% —unos 134 millones— son de prepago, sin identidad plenamente verificable: líneas anónimas perfectas para delinquir.
Hoy sólo se tiene registro completo de alrededor de 24 millones de líneas, muy lejos del objetivo. La meta es tajante: para el 30 de junio se darán de baja las líneas que no cumplan el trámite.
Como era previsible, el anuncio desató especulaciones. Sheinbaum respondió con un mensaje que busca desactivar los temores ciudadanos: el registro, dijo, es por seguridad, no para vigilar o espiar.
Los datos quedarían resguardados por las empresas y el gobierno sólo podría acceder con orden judicial para investigar delitos como extorsión o acoso. La promesa es “cerrar la llave” sin abrir la puerta al abuso.
Aquí entra un detalle técnico-político relevante. Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, explicó que el trámite es simple y que existe una plataforma única “diseñada” por el gobierno, pero estará albergada en cada compañía telefónica.
Es decir, cada empresa mantendrá su base de usuarios y la autoridad sólo podrá solicitar información con orden judicial. No estará “disponible” para funcionarios por default, una diferencia clave frente a esquemas que naufragaron en otros sexenios.
El gobierno añade otro candado: aunque se recabarán datos biométricos, se destruirán después del registro. Sólo quedará lo básico, como imagen de identificación oficial y CURP. En pocas palabras, se busca un registro “seguro” para abatir un delito que crece gracias a la venta indiscriminada de chips.
El reto, sin embargo, no es sólo tecnológico: es de credibilidad y ejecución. Porque si el Estado ya sabe que cinco penales concentran el negocio, el registro no puede ser coartada para posponer lo evidente: control penitenciario real.
El problema de fondo no son los chips, sino la impunidad que marca desde prisión. Y si esta vez la responsabilidad será “compartida”, que no termine como siempre: el ciudadano identificado… y el delincuente, intocable.
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ESTE DOMINGO, EN OAXACA, Salomón Jara enfrenta su prueba de fuego: será el primer gobernador en ir a una revocación de mandato. Pero el riesgo no es sólo perder, sino ganar con una participación raquítica: eso también debilita. Para colmo, el PT y el PVEM lo dejaron solo. Y si no lo creen, que le pregunten al petista Benjamín Robles Montoya. En política, la soledad también se vota.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si el Estado sabe de dónde sale el veneno, lo imperdonable es dejarlo correr”.
