Un penal convertido en matadero, comercios que bajan la cortina, familias que hacen las maletas y escuelas que cierran por miedo. En Sinaloa, el saldo de pocos días pesa más que cualquier discurso: el estado se desangra por todos lados y la factura la paga quien menos opina en la mesa
Ni dos meses cumple en el cargo y a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, el estado ya se le salió de las manos, dejando muy mal parados a quienes la recomendaron para relevar a Rubén Rocha.
La incapacidad para atender, contener y resolver los problemas de la entidad la tiene rebasada. Como dicen en la calle: no da una. Y el interinato ya parece una prueba de resistencia.
Enfrenta una profunda crisis de seguridad y un estancamiento económico que se arrastra desde hace tiempo.
Pero su mayor reto es frenar la violencia desatada por las disputas internas del crimen organizado, y la cosa se tensó más con la tragedia en el penal de Mazatlán, donde una riña dejó 12 muertos. La respuesta de la Federación fue anunciar la construcción de un nuevo penal. Pero los hechos violentos han continuado.
En una gira por Escuinapa, la gobernadora canceló de pronto la mesa de Justicia y Seguridad para las Mujeres. Nadie explicó por qué, y el silencio habló más fuerte que cualquier comunicado, dejando ver que la población vive en terror permanente, con asesinatos diarios y una cifra de desaparecidos que no deja de subir.
Pero el golpe llegó también a los bolsillos. Sectores económicos reclaman que el gobierno se ha dedicado más a administrar la crisis o a maquillar estadísticas, que a elaborar un verdadero plan de rescate.
Los números son crudos: la economía del estado ha caído 4.5% en lo que va de 2026. Y, según el INEGI, la inseguridad ya costó 4 mil 600 millones de pesos, aunque el Índice de Paz calcula el costo de la violencia en 170 mil millones al año.
Además, organismos empresariales estiman el cierre definitivo de 2 mil 500 comercios en Culiacán y mil más en el sur del estado. La población ocupada bajó en 43 mil 516 trabajadores frente a 202 y los ingresos laborales cayeron 3.4%.
La Inversión extranjera se contrajo 87% por las alertas de viaje; unas 84 mil personas huyeron del estado y la violencia obligó a suspender actividades en 2 mil 200 planteles escolares.
En lo político, hay rupturas. Graciela Domínguez llegó impulsada por el Congreso alineado al gobernador con licencia, pero le dio la espalda. Inició la remoción de algunos de sus cuadros y desató una guerra fría por el control de toda la estructura de gobierno.
Pero dentro de todos los males, ese podría ser el menor: los pleitos de la mandataria se resuelven con nombramientos, no con lo que hoy le urge a Sinaloa, que es seguridad, empleo e inversión.
El estado arde y el apagafuegos que enviaron no ha podido extinguir ni una fogata. Y con el calor que hace en Sinaloa, no es poca cosa.
Al final, una interina no se mide por los pleitos que gana en la política, sino por los muertos que evita en la calle. Y mientras en Sinaloa se discuta más quién manda que quién protege, el estado seguirá pagando la factura de una disputa de poder que nadie le preguntó si quería financiar.
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ADEMÁS DEL JALÓN de orejas que recibieron algunos morenistas por inflar encuestas para ganar candidaturas, el partido que encabezan Ariadna Montiel, como presidenta nacional, y Citlalli Hernández, como jefa de la Comisión de Elecciones, aprobó el fin de semana su política de alianzas.
Lo hicieron sobre una base fundamental: las coaliciones serán flexibles; es decir, los convenios con partidos afines a la 4T (como el PVEM y el PT) podrán suscribirse con uno o varios de ellos de manera indistinta, en una o varias entidades federativas, sin que se condicione una a la otra. En pocas palabras: los partidos de la chiquillada podrán irse solos, donde quieran, como quieran y cuando quieran. A ver para qué les alcanza.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Sufragio efectivo, gobierno efectivo. Lo primero ya lo tienen; lo segundo sigue en trámite”.
