- Un juez federal concedió a Gilda Susana Lozoya una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- La medida aún puede ser impugnada por la FGR ante un Tribunal Colegiado, por lo que no es una resolución firme.
- Lozoya enfrenta el proceso en libertad provisional y la suspensión no equivale a una declaración de inocencia.
Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin contra la vinculación a proceso que enfrenta por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del caso Agronitrogenados.
La resolución fue emitida por Rubén Darío Noguera Gregoire, juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien concedió la medida cautelar solicitada por la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
La suspensión deriva del amparo que Gilda Susana Lozoya promovió el 29 de julio para impugnar el auto de vinculación a proceso dictado el 7 de julio de 2026, dentro de la causa penal 211/2019.
La resolución aún puede ser impugnada
El juez federal dio a conocer que concedió la suspensión definitiva, aunque hasta ahora no se han hecho públicos los alcances específicos de la medida.
La resolución tampoco es definitiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnarla ante un Tribunal Colegiado. Ese órgano judicial deberá determinar si confirma, modifica o revoca la decisión del juez de Distrito.
En este tipo de procedimientos, una suspensión contra la vinculación a proceso no necesariamente implica la conclusión inmediata del proceso penal. Sus efectos dependen de los términos establecidos por el juez de amparo.
¿De qué acusa la FGR a Gilda Lozoya?
La FGR sostiene que Gilda Susana Lozoya presuntamente conoció y participó en operaciones relacionadas con el manejo de recursos de procedencia ilícita vinculados con la compra de Agronitrogenados.
De acuerdo con la acusación presentada en la audiencia de julio, en 2012 se habrían realizado operaciones para ocultar el origen de 3.4 millones de dólares que, según la Fiscalía, Emilio Lozoya recibió como soborno de Alonso Ancira, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), en relación con la adquisición de la planta de Agronitrogenados por parte de Pemex.
La jueza de control Nora Ileana García Peralta consideró que existían elementos suficientes para vincular a Gilda Susana Lozoya a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, determinó que enfrentara el proceso en libertad, al considerar que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para justificar la imposición de prisión preventiva.
Gilda Lozoya permanece en libertad provisional
Gilda Susana Lozoya fue detenida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Posteriormente fue puesta a disposición de la jueza de control, quien calificó como legal la detención, pero determinó que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo de fuga. Por ello, le impuso medidas cautelares que le permiten continuar su proceso en libertad provisional.
La defensa también ha promovido otros recursos legales relacionados con el proceso que enfrenta la hermana de Emilio Lozoya.
Sheinbaum señaló que existían elementos contra Lozoya
Luego de la detención, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso durante una conferencia matutina. La mandataria señaló que la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, le había informado sobre la existencia de elementos relacionados con la presunta participación de Gilda Susana Lozoya en operaciones vinculadas con Agronitrogenados.
Sheinbaum recordó que la investigación está relacionada con la adquisición de una planta de fertilizantes por parte de Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya como director de la empresa.
La suspensión concedida por el juez federal no representa por sí misma una absolución ni determina la inocencia de Gilda Susana Lozoya. El caso continúa sujeto a los procedimientos judiciales correspondientes y, además, la FGR puede recurrir la resolución ante un Tribunal Colegiado.
