- La Suprema Corte determinó que la Auditoría Superior de Guerrero no tiene facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el municipio de Acapulco.
- La investigación sobre el destino de casi 899 millones de pesos no se cancela y podrá continuar a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- El fallo no representa una exoneración para la alcaldesa con licencia, Abelina López Rodríguez, ni para funcionarios municipales.
SCJN invalida auditoría estatal por falta de competencia constitucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) carece de atribuciones constitucionales para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, por lo que invalidó la auditoría practicada sobre casi 898.6 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Con esta decisión, el máximo tribunal dio la razón al municipio encabezado por la alcaldesa con licencia Abelina López Rodríguez, al considerar que únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está facultada para revisar el manejo de fondos federales.
La investigación seguirá por la vía federal
Los ministros aclararon que la resolución no significa el cierre de las investigaciones ni implica que el manejo de los recursos haya sido validado.
Por el contrario, puntualizaron que la ASF mantiene intactas sus facultades para auditar, investigar y, en su caso, determinar posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de esos recursos.
El ministro ponente Arístides Guerrero García explicó que el fallo se limita exclusivamente a definir cuál es la autoridad competente para realizar la fiscalización.
“No se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales ni se analiza el fondo de su manejo; únicamente se determina qué autoridad tiene competencia constitucional para revisarlos”, sostuvo durante la sesión.
La controversia surgió por recursos del FAISMUN
El litigio derivó de la auditoría realizada por la ASE sobre 898 millones 633 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), correspondientes a la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Acapulco.
El municipio promovió la Controversia Constitucional 174/2025, argumentando que la revisión de esos recursos correspondía exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación.
La Suprema Corte respaldó esa interpretación al señalar que la Constitución reserva esa atribución al órgano fiscalizador federal.
La ASF conserva todas sus facultades de revisión
Durante la discusión, el ministro Irving Espinosa Betanzo enfatizó que la invalidez de la auditoría estatal no impide que las autoridades competentes continúen con las investigaciones.
Añadió que la resolución tampoco prejuzga sobre la existencia o inexistencia de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
“La falta de competencia de la Auditoría Superior del Estado no limita las atribuciones de la ASF para investigar, fiscalizar y, en su caso, determinar responsabilidades”, indicó.
El caso podría sentar un precedente nacional
La resolución establece un criterio relevante sobre los límites de actuación de los órganos estatales de fiscalización cuando se trata de recursos de origen federal transferidos a municipios.
Especialistas consideran que el fallo podría convertirse en un precedente para casos similares en otras entidades del país, al precisar que la revisión de fondos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación.
Otro proceso contra Abelina López sigue pendiente
Aunque la controversia constitucional quedó resuelta, la Suprema Corte aún tiene pendiente analizar otro recurso relacionado con el procedimiento de revocación de mandato promovido contra la alcaldesa con licencia de Acapulco.
Ese asunto se resolverá en una sesión posterior y es independiente de la controversia sobre la fiscalización de recursos federales.
