• Morena acusa intervención extranjera y violación a la soberanía nacional
• Maru Campos defiende su gestión y denuncia trato desigual frente a Rocha Moya
• FGR mantiene investigación y ha citado a decenas de funcionarios
La tensión política en torno al caso Chihuahua se intensificó luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusara a la gobernadora Maru Campos de faltar a la verdad sobre las investigaciones relacionadas con un operativo contra narcolaboratorios, en el que murieron dos agentes estadounidenses.
A través de redes sociales, Montiel sostuvo que la investigación no gira en torno al combate al narcotráfico, sino a la presunta participación de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización del gobierno federal. Bajo ese argumento, afirmó que se habría vulnerado la Constitución y la soberanía del país. “La Gobernadora miente… eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada”, expresó.
La dirigente también puntualizó que en México se han desmantelado más de dos mil 500 laboratorios clandestinos, por lo que insistió en que el centro del caso no es ese tipo de acciones, sino la legalidad de la intervención extranjera.
Defensa de la gobernadora y cuestionamientos políticos
Por su parte, Maru Campos rechazó los señalamientos y defendió el actuar de su administración. En declaraciones públicas, reiteró su postura sobre lo que considera un trato desigual en la evaluación de distintos casos.
“A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, afirmó, en referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La mandataria estatal insistió en que su gobierno ha actuado en favor de la seguridad y aseguró que responderá conforme a la ley a los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga el caso.
Indagatoria federal y origen del conflicto
La FGR continúa con las investigaciones relacionadas con el operativo en Chihuahua, enfocadas en esclarecer la posible participación de agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin autorización oficial. Como parte de este proceso, se ha citado a declarar a cerca de 50 personas.
Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2026, cuando dos agentes estadounidenses y dos elementos de seguridad mexicanos murieron tras un operativo contra laboratorios clandestinos. Posteriormente, autoridades federales confirmaron que no tenían conocimiento previo de la presencia de los agentes extranjeros.
El caso ha generado cuestionamientos en materia de soberanía nacional, ya que la legislación mexicana limita la actuación de personal extranjero en tareas de seguridad dentro del país.
Reacciones de actores políticos
El senador Gerardo Fernández Noroña respaldó la postura de Morena y calificó a la gobernadora como “traidora al pueblo y traidora a la patria”.
En contraste, dirigentes del PAN defendieron a Maru Campos. Jorge Romero consideró que es incorrecto equiparar este caso con el de Rubén Rocha Moya, mientras que Ricardo Anaya afirmó que existe un trato diferenciado, al señalar que se critica a una mandataria por combatir al crimen organizado, mientras que otros perfiles enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Dos casos bajo análisis, con diferencias clave
Ambos asuntos han sido atraídos por la FGR, pero presentan características distintas. El caso Chihuahua se centra en un operativo específico con presunta participación extranjera no autorizada, lo que abre un debate sobre legalidad y soberanía.
Por otro lado, el caso de Rubén Rocha Moya deriva de acusaciones formales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que implica procesos de cooperación internacional y posibles procedimientos de extradición.
Mientras en Chihuahua aún se busca esclarecer responsabilidades, en Sinaloa ya existen señalamientos directos, aunque continúan en etapa de análisis y validación de pruebas.
