• Legisladores advierten que funcionarios podrían enfrentar cargos por traición a la patria
• Renuncia del exfiscal César Jáuregui intensifica la polémica política
• Señalan que unidad creada por el gobierno estatal invade facultades federales
El caso de la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua generó un nuevo choque político, luego de que senadores de Morena advirtieran posibles responsabilidades penales contra funcionarios estatales, incluido el exfiscal César Jáuregui.
El senador Enrique Inzunza Cázarez sostuvo que, si se confirma que autoridades locales permitieron la intervención de personal extranjero sin informar al gobierno federal, podría configurarse el delito de traición a la patria. No obstante, precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo una investigación rigurosa que esclarezca los hechos.
“El Senado no es ministerio público ni autoridad jurisdiccional; su función es de control. La FGR deberá determinar si hubo delito y proceder conforme a derecho”, explicó.
Renuncia del exfiscal bajo escrutinio
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la dimisión de César Jáuregui podría interpretarse como un indicio de responsabilidad, ya sea por omisión o por los elementos que surjan de las investigaciones en curso.
El legislador subrayó que será la FGR la instancia encargada de definir si existió una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional por parte de funcionarios del gobierno de Chihuahua. Asimismo, no descartó la posibilidad de promover un juicio político contra la gobernadora, aunque aclaró que esto dependerá del avance legal del caso.
Cuestionan legalidad de unidad estatal
Otro punto de controversia es la creación de una unidad especializada por parte del gobierno estatal para investigar los hechos relacionados con la presencia de agentes extranjeros entre el 17 y el 19 de abril.
Senadores de Morena señalaron que dicha instancia podría ser inconstitucional, ya que los delitos que se investigan son del orden federal. En ese sentido, advirtieron que la medida podría implicar una invasión de competencias y derivar en responsabilidades legales por afectar la correcta administración de justicia.
Incluso, indicaron que la negativa de la gobernadora a acudir al Senado para explicar el caso podría interpretarse como un desacato político.
Investigación sigue en curso
Desde el ámbito local, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que la renuncia del exfiscal era previsible y reiteró que la investigación debe permanecer en manos de la Federación.
El edil expresó confianza en que la FGR esclarezca lo ocurrido, especialmente en torno a la presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos sin notificación previa. También calificó como relevante determinar si hubo omisiones dentro de las instituciones de seguridad estatales.
Por su parte, representantes del PAN calificaron la renuncia de Jáuregui como un acto de responsabilidad política, al considerar que permitirá que las investigaciones se desarrollen sin interferencias.
