• La Corte establece jurisprudencia: el salario mínimo no puede usarse como referencia en indemnizaciones
• La decisión fue aprobada por unanimidad con proyecto de la ministra Lenia Batres
• Se advierte impacto en montos y en finanzas de instituciones públicas y aseguradoras
Nuevo criterio obligatorio para indemnizaciones
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las indemnizaciones por responsabilidad civil en casos de fallecimiento deberán calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dejando fuera al salario mínimo como referencia.
El fallo, aprobado por unanimidad del pleno, resuelve una contradicción de criterios entre las antiguas salas del máximo tribunal y establece jurisprudencia obligatoria en esta materia.
Fundamento constitucional de la decisión
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que el uso del salario mínimo como base para calcular indemnizaciones contraviene el artículo 123 constitucional, el cual prohíbe emplearlo como índice o unidad para fines distintos a su naturaleza.
“Este tribunal debe hacer valer el mandato constitucional en materia de desindexación del salario mínimo”, sostuvo, al respaldar que la UMA sea la referencia adecuada para determinar el monto de las compensaciones.
Impacto en instituciones y costos
La resolución también considera las implicaciones financieras para organismos públicos y privados. Como ejemplo, se expuso que el Instituto Mexicano del Seguro Social habría tenido que aumentar en 146% el pago de indemnizaciones si estas se calcularan con salario mínimo, pasando de poco más de 75 millones de pesos a más de 187 millones.
De acuerdo con lo expuesto en el pleno, un criterio distinto podría afectar de manera directa el patrimonio de instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, así como de aseguradoras responsables de cubrir este tipo de compensaciones.
Posturas y preocupaciones dentro de la Corte
Aunque la decisión fue unánime, algunos ministros expresaron inquietudes sobre sus efectos. Se advirtió que el cambio podría derivar en montos menores para las familias afectadas, lo que abre el debate sobre posibles implicaciones en materia de derechos humanos.
Asimismo, se planteó la necesidad de revisar los casos de manera individual y de que los congresos locales analicen posibles ajustes legales para evitar impactos adversos en la reparación del daño.
