- La alcaldesa de Uruapan acusa un intento de juicio político tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.
- Señala que buscan desacreditarla y frenar el movimiento social que encabezaban.
- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descarta persecución y aclara que las quejas son por el aumento del predial.
Alcaldesa de Uruapan acusa presión política
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, denunció públicamente que enfrenta un presunto intento de juicio político con el objetivo —afirmó— de silenciarla y debilitar el movimiento social que impulsaba junto a su esposo, el entonces alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre pasado.
A través de un mensaje difundido el 14 de febrero en redes sociales, la edil aseguró que, tras el homicidio de su esposo, se han emprendido acciones para desacreditarla y apartarla del cargo. “No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, expresó.
También cuestionó que hasta el momento no se haya llevado ante la justicia a los responsables del crimen. “No han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos, y eso el pueblo lo sabe”, escribió.
Movimiento social, más allá de personas
Quiroz sostuvo que el movimiento que encabeza no pertenece a una sola figura política, sino a la ciudadanía. Acusó que los intentos por frenarlo responden a intereses de grupos que buscan recuperar el poder para continuar con prácticas como extorsión, robo e intimidación.
Afirmó que las estructuras tradicionales de poder muestran desgaste y que la población ha comenzado a cuestionar la forma en que se ha gobernado en el municipio.
Además, advirtió que, aun si enfrenta destitución, cárcel o un proceso político, el movimiento continuará.
“Aunque me enjuicien. Aunque me destituyan. Aunque me metan a la cárcel. Aunque intenten callarme de cualquier forma. A este movimiento ya no lo podrán parar”, sostuvo.
Gobierno estatal descarta juicio político
En respuesta, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó que exista una persecución política contra la alcaldesa y aclaró que no hay elementos para un juicio político relacionado con el tema del impuesto predial.
El mandatario explicó que las inconformidades corresponden a denuncias ciudadanas presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y no a un procedimiento impulsado desde el Poder Ejecutivo o el Congreso local.
Detalló que las quejas no están dirigidas directamente contra la presidenta municipal, sino contra el tesorero del Ayuntamiento, tras reportes de aumentos en el predial que, según ciudadanos, oscilan entre 300 y mil por ciento.
Ramírez Bedolla indicó que el Congreso del estado autorizó únicamente un incremento del 6 por ciento al impuesto. Sin embargo, existen reportes de contribuyentes que afirman haber pasado de pagar 600 pesos a montos de 7 u 8 mil pesos.
Pese a la polémica, el gobernador aseguró que el gobierno estatal continuará respaldando a la administración municipal de Uruapan.
