- La Corte discutirá si la FGR debe entregar versión pública de la carpeta por los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Ministro propone que, por tratarse de graves violaciones a derechos humanos, no debe haber reserva
- La FGR negó originalmente el acceso, argumentando riesgo para la indagatoria
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para resolver si la Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar una versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.
El proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sostiene que cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no debe mantenerse como reservada. El documento subraya que el interés de la sociedad por conocer la verdad prevalece sobre el secreto de la investigación.
“El delito perseguido en estos casos es tan grave que afecta no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad. Por ello, las diligencias deben ser del conocimiento público”, plantea el ministro.
¿Qué se discute?
La Primera Sala de la Corte revisará este miércoles 25 el proyecto, que propone confirmar la sentencia de una jueza federal que ordenó entregar la versión pública de la investigación. Esta resolución fue impugnada por tres personas vinculadas presuntamente al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes buscan impedir que la información se publique.
De aprobarse el proyecto por mayoría, la FGR —encabezada por Alejandro Gertz Manero— deberá publicar la versión pública en su sitio web del Caso Iguala, protegiendo únicamente la información que legalmente deba mantenerse como confidencial.
Antecedente de la solicitud
El 31 de agosto de 2022, un ciudadano solicitó a la FGR acceso a la carpeta del caso Ayotzinapa mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, el 13 de octubre la Fiscalía rechazó la petición, argumentando que dar a conocer los documentos implicaría un “riesgo real, identificable y demostrable” para la investigación en curso.
Según datos del expediente, la Fiscalía consideró que ese riesgo superaba el interés público de acceder a la información, por lo que clasificó la carpeta como reservada.
Ahora, la SCJN evaluará si esa reserva está justificada o si, como lo plantea el proyecto, el caso debe transparentarse por tratarse de hechos que impactan profundamente en los derechos humanos y la vida democrática del país.
