El partido guinda empuja una “depuración” con dos frentes: detención de funcionarios con malos antecedentes y filtros más severos para seleccionar candidatos. El telón de fondo: casos como los de Tequila, Amanalco y Cintalapa
A Morena le ha faltado fuerza y, sobre todo, una voluntad inquebrantable para deslindarse de alcaldes, regidores y legisladores que han transformado sus cargos en “bisagras” entre la esfera pública y el crimen organizado.
Esta debilidad no es un secreto; lo saben la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde.
Por ello, buscan implementar una purga que durante años se evitó bajo el argumento de la unidad: sacar de las filas cuadros heredados del régimen de Andrés Manuel López Obrador que arrastran señalamientos por negocios turbios y redes de complicidad con criminales.
La estrategia se despliega en dos carriles. Por un lado, el judicial: la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, cuenta con órdenes de aprehensión listas para ejecutarse contra morenistas investigados por delitos de alto impacto.
Por otro lado, el carril preventivo: el Consejo Consultivo de Morena acordó endurecer los requisitos para la selección de aspirantes. En un intento por blindar las candidaturas, solicitaron a la Fiscalía de Ernestina Godoy protocolos de auscultación previa a las nominaciones.
En el papel, el plan suena impecable: revisión de antecedentes y control de daños. Sin embargo, en la política real, el reto es otro. El peligro es que estos filtros se conviertan en un trámite cosmético para ajustar cuentas internas.
Si el proceso termina sirviendo para limpiar a los aliados y desproteger a los adversarios, Morena no estaría combatiendo la infiltración criminal, sino administrándola.
La urgencia parece haberse acelerado tras la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco. Pero la simbiosis entre autoridades y mafias no nació ayer.
Fuentes oficiales revelan que, entre el sexenio pasado y la administración actual, al menos 35 alcaldes y cientos de funcionarios municipales han sido vinculados a proceso por nexos criminales.
Morena, por su peso territorial, encabeza hoy las capturas de ediles en funciones. Ahí están casos como los de María Elena Martínez, de Amanalco, en el Edomex, o Ernesto Cruz en Cintalapa, Chiapas.
La “Operación Enjambre” destapó redes de extorsión y vínculos con el narcotráfico que parecían intocables. Ante esto, Sheinbaum ha sido clara: ni el partido ni el gobierno serán paraguas de impunidad. El problema es que la lista de sospechosos es larga.
Harfuch advirtió que lo visto es sólo la primera fase; hay decenas de órdenes pendientes en Sinaloa, Coahuila, Baja California, Guerrero, Chiapas y el Edomex, entre otras entidades.
El objetivo es desarticular las estructuras de protección política, pero la verdadera prueba será ver si caen los “intocables” o sólo los “sacrificables”.
Si Morena quiere limpiar la casa de verdad, no basta con cambiar el trapeador; se requiere una cirugía mayor que evite que esta cruzada termine en espectaculares conferencias de prensa.
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QUIENES CONOCEN de la vida interna sindical, anticipan que el proceso de sucesión en la CTM viene con dados cargados y, si las cosas no cambian de última hora, el coahuilense Tereso Medina será electo como su líder, en sustitución de Carlos Aceves del Olmo.
Además del apoyo del propio dirigente saliente, Medina cuenta con el respaldo del gobernador de su estado, el priista Manolo Jiménez, y un interlocutor de peso en la 4T, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Aunque la decisión se hará oficial el 22 de febrero, hay otros “candidatos” que han levantado la mano: Alfonso Godínez, líder de la CTM en la CDMX; Fernando Salgado, exdiputado del PRI; y Gerardo Cortés, dirigente de trabajadores del sector alimentario. Todos con pocas posibilidades.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando la política se ensucia, el crimen se limpia la cara”.
