El polémico director de la SEP se atrincheró como los porros que mantienen secuestrado el auditorio Che Guevara de la UNAM; le ofrecieron una embajada y la rechazó. Ahora se va del gobierno sin nada
En el gobierno mexicano hay una confusión que se volvió norma: creer que el cargo es propiedad y la lealtad, inmunidad. Marx Arriaga encarna esa distorsión.
Su cercanía con Beatriz Gutiérrez Müller le abrió la puerta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo catapultó de académico universitario a figura central —y polémica— de la educación en México.
Pero en el arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum pasó de “cuadro” a problema: lo despidieron, se atrincheró en su oficina, donde permanecía hasta el momento de escribir esta columna.
No fue un caso aislado. Ya ocurrió con Nuria Fernández en el DIF. No se aferran por resultados; se aferran porque se sienten intocables.
Es la herencia más tóxica del obradorismo duro: la idea de que el mérito se mide en lealtad, no en eficacia. Arriaga fue el ejemplo perfecto de esa fórmula: 90% lealtad y 10% eficiencia.
Desde su llegada a la SEP en 2021 como director de Materiales Educativos, Arriaga acumuló frentes abiertos. Quiso imponer una retórica de “descolonización” como consigna, no como política pública, y terminó confrontado con todos.
Bajo su conducción se elaboraron los nuevos Libros de Texto Gratuitos en un hermetismo que resultó caro: errores de contenido, fallas en conceptos matemáticos y sospechas de carga ideológica.
El conflicto escaló. Chihuahua, Coahuila y Guanajuato promovieron amparos para frenar su distribución, alegando falta de consulta y procesos legales incompletos.
A esa controversia se sumó una decisión que golpeó a otro sector: la convocatoria para rediseñar libros con una condición indignante: no habría pago para ilustradores y diseñadores.
De ahí estalló el movimiento #LaIlustraciónSePaga, miles de artistas denunciando la precarización del trabajo creativo por parte del Estado. Difícil predicar dignidad laboral mientras se pide “trabajo gratis” desde el gobierno.
Arriaga también empujó una visión “militante” del aprendizaje, defendió la sustitución de grados por “fases” y mantuvo un discurso de choque contra expertos.
El saldo fue inevitable: el desgaste y, sobre todo, los errores en los libros terminaron por sellar su salida.
La operación recayó en el titular de la SEP, Mario Delgado. Se dijo que la Presidenta pidió tacto para evitar escándalo, pero el desenlace fue todo menos terso.
Incluso con una oferta de embajada sobre la mesa, Arriaga buscó apoyo de maestros en CDMX, Chiapas y Guerrero para resistir.
Su idea era atrincherarse como lo han hecho colectivos (porros) durante años en el Auditorio Justo Sierra (Che Guevara) de la UNAM. Al final, lo dejaron solo: sin base, sin embajada y, por ahora, sin otro cargo.
Y peor aún, el Órgano de Control Interno de la SEP investiga a funcionarios vinculados a este personaje, como Sady Arturo Loaiza, por extorsión y abuso de poder.
En todo ese contexto, Arriaga no cae por mártir, cae por resultados. Y cuando un funcionario se aferra a un escritorio, confirma lo esencial: confundió el servicio público con un feudo. La lealtad puede abrir puertas; la incompetencia, tarde o temprano, las cierra de golpe.
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A PESAR DE LAS RESISTENCIAS, la reforma electoral deberá aprobarse antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que presiden Kenia López y Laura Itzel Castillo. Al menos esa fue la instrucción que giró la presidenta Claudia Sheinbaum: cerrar las negociaciones con el PT y el PVEM e iniciar, de inmediato, los trabajos formales en el Congreso de la Unión.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Adoctrinar no educa”.
