Las administraciones de la presidenta Sheinbaum y Delfina Gómez enfrentan a las mafias del Huachicol del Agua; buscan recuperar pozos controlados por caciques que hoy amenazan la gobernabilidad con bloqueos y sabotajes
Hace unos meses, el gobierno del Estado de México emprendió una acción inédita: recuperar decenas de pozos de agua potable que, durante años, habían sido secuestrados por mafias locales dedicadas a comercializar y condicionar el recurso más vital.
Lo que comenzó como una operación técnica de restauración terminó por convertirse en una ofensiva directa contra los intereses políticos y económicos de quienes hicieron del agua un negocio turbio y del desabasto una herramienta de control social.
En Ecatepec, municipio que encabeza Azucena Cisneros, se lograron reactivar 25 pozos que habían sido tomados por grupos ligados al crimen organizado y a ex funcionarios del propio municipio. Pero al verse golpeados en el bolsillo, esos mismos grupos respondieron con bloqueos en las principales vialidades hacia la Ciudad de México, intentando convertir el caos en chantaje y el reclamo social en parapeto político.
La realidad es que, detrás de esos bloqueos, se esconden viejos caciques y operadores disfrazados de “líderes sociales”. Son los mismos que, durante años, manipularon el suministro de agua en colonias marginadas, vendiendo pipas al mejor postor, creando redes clientelares y construyendo verdaderas “minas de oro líquidas” al amparo del poder.
Las investigaciones apuntan a que grupos afines al exalcalde Fernando Vilchis están involucrados no solo en el Huachicol del Agua, sino también en invasiones de predios y otras prácticas ilegales.
Y no actúan solos: aparecen nombres como Misael Rodríguez Fragoso y el exregidor Guillermo Fragoso Báez, vinculados con redes de piperos y sindicatos como Los 300, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, y ex funcionarios con presencia en Nezahualcóyotl, Tepotzotlán, Acolman, Texcoco, Cuautitlán Izcalli, Toluca, La Paz y Chimalhuacán.
El operativo, bautizado como “Operación Caudal”, es parte de una estrategia estatal y federal que busca arrebatar a esos grupos el control del agua. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha sido clara y ha dejado sentir que no habrá marcha atrás, ni será rehén del chantaje.
La instrucción es ir a fondo, sin concesiones, porque el huachicol del agua es un cáncer que ha drenado durante décadas no solo los pozos, sino la dignidad de millones de mexiquenses.
Desde la Secretaría de Gobernación federal, la coordinación general para el federalismo y la municipalidad, que encabeza Armando Quintero, se puso en marcha un programa piloto con diez municipios mexiquenses para atender el problema estructural.
El mensaje político es contundente: se acabaron los privilegios y los cacicazgos locales que operaban bajo la sombra de Morena o del viejo régimen, usando los recursos del pueblo para perpetuar su poder.
Y ahí radica el verdadero conflicto: Fernando Vilchis y sus aliados representan esa vieja escuela del oportunismo político. No olvidemos que el exalcalde intentó ser candidato a gobernador del Estado de México y, al no conseguirlo, buscó imponer sucesores a modo en Ecatepec. Su frustración política se transformó en rencor, y ese rencor hoy se traduce en sabotaje y desestabilización.
Vilchis se ha convertido en un dolor de cabeza para Delfina Gómez y para Morena. En el partido que lo catapultó, ya pocos lo quieren. En el PT, tampoco. Y fuera de esas siglas, su reputación se evapora como el agua que robó a su propio pueblo.
La “Operación Caudal” no solo busca recuperar pozos: busca limpiar las cloacas de un sistema podrido por la impunidad, donde el agua se volvió moneda de cambio y el pueblo, rehén de su propia sed.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando el agua se convierte en poder, los caciques no beben, se emborrachan”.
