La irrupción violenta a Palacio Nacional dejó ver que la desaparición de 43 normalistas no será esclarecida en este sexenio y crece la lista de personajes que han medrado con el caso
Sentimientos encontrados, por decir lo menos, provocó la imagen en la que aparece un grupo de encapuchados derribando una de las puertas de Palacio Nacional, con un vehículo oficial. Pero lo que hay detrás de esa iracunda escena es una deuda histórica del Estado y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no han podido localizar los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Se trata de un caso que cada vez se enreda más, pero que, bajo ninguna circunstancia, justifica los actos de violencia. Lo cierto es que la 4T no ha hecho bien su trabajo y buscó explotar el asunto políticamente, algo que le resultó contraproducente.
Aunado a eso, existen grupos que dicen apoyar a los familiares de las víctimas, cuando la realidad es que se mueven más por intereses económicos y políticos, dentro y fuera de México. Con todo y eso, la mayor responsabilidad recae sobre el gobierno, no sólo por su incapacidad para investigar, sino por su terquedad y resistencia para reconocer la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para algunos ex funcionarios, la investigación está concluida. Lo único que falta es saber dónde quedaron los restos de los muchachos.
Existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la administración anterior, para que 114 restos óseos, recogidos en el vertedero de Cocula, sean enviados a la Universidad de Innsbruck, con el propósito de confirmar si pertenecen a los normalistas.
No obstante, el gobierno de AMLO se negó en un principio a realizar el trámite por presiones de quienes “ayudan” a los familiares de las víctimas y por no darle la razón al gobierno anterior.
Pero hay versiones de que un alto funcionario de Gobernación de este gobierno envió una parte de las muestras y los resultados, a estas alturas, ya deberían conocerse, aunque “nadie” sabe nada o se han negado a dar detalles. Lo que también vale la pena decir es que entre los defensores de la parte afectada hay personajes como Vidulfo Rosales Sierra (vinculado con grupos subversivos) que han medrado con el caso. Este personaje forma parte de la lista de quienes mencionó el Presidente como responsables del ataque a Palacio.
El mandatario acusó que fue un “vulgar acto de provocación” y hay “mano negra”. Mencionó algunos nombres como el del senador Emilio Álvarez Icaza, pero ex funcionarios vinculados con las investigaciones mencionan también a la exsenadora perredista Angélica de la Peña y a la ex subprocuradora Ileana García.
Piensan además que varios de los promotores de la campaña contra el gobierno están financiados por organizaciones extranjeras como la de George Soros. Y del lado gubernamental no cantan mal las rancheras. El ex subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, tuvo un pésimo desempeño en la coordinación de las investigaciones y en la relación con las familias, mientras que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se negó a dar seguimiento a las recomendaciones en torno al caso y buscar abrir nuevas carpetas.
El Presidente tampoco está exento de responsabilidad. En octubre de 2023, declaró que él conduciría la investigación y de aquel tiempo a la fecha no hay avances. También desestimó el acompañamiento de organismos internacionales, como la ONU y su comité contra la desaparición forzada, así como el de organizaciones sociales.
Con todo este contexto, podremos o no estar de acuerdo con la irrupción a Palacio Nacional. Lo cierto es que concluirá este sexenio sin haber sido capaz la 4T de resolver el caso.
Esta vez la sangre no llegó al río. Pero recordemos que dos años antes de la desaparición de los estudiantes de Iguala, una protesta de “ayotzinapos” terminó con la muerte de un despachador de gasolina en Chilpancingo, Guerrero.
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En la vida, hay dos cosas seguras: la muerte y las promesas incumplidas”.
