El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue enviado a prisión preventiva este sábado 7 de noviembre, luego de que la Fiscalía le imputara presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, relacionados con la crisis financiera de Ueno Bank, institución intervenida por las autoridades el pasado 3 de noviembre.
El juez Humberto Otazú informó que Peña permanecerá detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, donde ya había sido trasladado la noche del viernes después de que manifestantes se congregaran frente a su residencia.
La investigación señala al exmandatario por presuntamente utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, una institución financiera digital que operaba desde hacía tres años y en cuyo grupo controlador Peña mantuvo participación accionaria hasta 2025.
De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente habría facilitado que la institución recibiera importantes cantidades de recursos públicos y habría omitido informar oportunamente sobre problemas financieros, préstamos irregulares y posibles riesgos de insolvencia.
Otro de los puntos bajo investigación es el nombramiento de Carlos Carvallo, quien anteriormente había ocupado un cargo directivo en Ueno Bank, como titular del Banco Central de Paraguay. Las autoridades investigan si esta designación pudo representar un conflicto de interés.
Después de una comparecencia que se extendió por más de tres horas, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes tanto para Peña como para Carvallo, quien también fue imputado por los mismos delitos, además de presunta producción de documentos públicos falsos.
El juez Otazú concedió las solicitudes y explicó que la medida contra el expresidente busca garantizar su permanencia durante el proceso judicial y prevenir un posible riesgo de fuga. Asimismo, informó que Peña decidió abstenerse de declarar.
Por su parte, Ricardo Preda, abogado del exmandatario, rechazó los señalamientos y cuestionó que se le atribuya directamente la responsabilidad sobre las decisiones de las instituciones públicas.
“el presidente no es quien directamente le dice a un ministro a qué banco hacer su depósito”, declaró ante los medios.
La intervención de Ueno Bank afectó a millones de cuentas
La crisis financiera comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank debido a problemas de solvencia. La medida afectó el acceso a los depósitos de millones de clientes.
Según estimaciones del Ministerio de Economía citadas por la Fiscalía, la institución administraba más de 800 millones de dólares en recursos públicos.
El impacto alcanzó a cerca de tres millones de cuentas pertenecientes a pensionados, empresas públicas y privadas, así como a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La intervención generó manifestaciones en distintas zonas del país. En Asunción, grupos de ciudadanos se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía y la residencia de Peña para exigir explicaciones y responsabilidades por las afectaciones económicas.
Durante las protestas, las autoridades utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Entre las personas que acudieron a las inmediaciones de la Fiscalía se encontraba Macarena Chilavert, abogada de 33 años, quien expresó su inconformidad ante la situación.
“Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!”, declaró a la AFP.
Leila Cosini, estudiante de 28 años, también manifestó su preocupación por los recursos que mantenía depositados en la institución financiera.
“Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta”, comentó.
Pedro Alliana asume la Presidencia y anuncia medidas para los afectados
La detención de Peña ocurrió después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político, con lo que concluyó anticipadamente su mandato. El expresidente, de 47 años y perteneciente al Partido Colorado, había sido detenido en su domicilio menos de una hora después de conocerse la decisión legislativa.
Previamente, Peña había presentado su renuncia, pero los legisladores no la aceptaron. De haber prosperado, esta decisión le habría permitido asumir como senador vitalicio y contar con los fueros correspondientes.
Tras su salida del cargo, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia de Paraguay. Su administración deberá completar el periodo gubernamental hasta agosto de 2028, con la atención puesta en atender las consecuencias de la crisis bancaria.
Durante su primer mensaje como mandatario, Alliana anunció que el Gobierno buscará compensar a los clientes afectados por la intervención de Ueno Bank, dando prioridad a quienes cuentan con menores recursos económicos.
El sábado informó que ya se habían efectuado pagos correspondientes a 1 millón 196 mil cuentas, por un monto aproximado de 160 millones de dólares.
“También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del (instituto de seguridad social) IPS”, comunicó a través de X.
Por su parte, el Banco Central publicó un listado de instituciones financieras que permanecerían abiertas durante el fin de semana para facilitar la atención de los usuarios y señaló que más del 50% de los ahorradores afectados ya habían recibido la devolución de sus depósitos.
Antonio Ruiz Sánchez, técnico electricista de 58 años, relató a la AFP que pudo recuperar sus ahorros el jueves, después de varios días de incertidumbre.
“Estaba angustiado, no puedo negar”, expresó. También señaló que mantenía la expectativa de que el problema estuviera limitado a Ueno Bank y pudiera resolverse.
Paraguay registra otro antecedente de destitución presidencial
La salida de Santiago Peña representa un nuevo episodio de destitución presidencial en la historia política reciente de Paraguay.
En 2012, el Senado también removió de su cargo al entonces presidente Fernando Lugo, quien pertenecía a la izquierda política, bajo el argumento de “mal desempeño de sus funciones”.
En el caso de Peña, el proceso de destitución se produjo en medio de la intervención bancaria y de las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos vinculados con Ueno Bank. Las autoridades judiciales continuarán con las indagatorias para determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.
