- Un juez impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
- La FGR sostiene que Aguirre habría ordenado ocultar o destruir evidencias vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
- La defensa solicitó que enfrentara el proceso bajo arraigo domiciliario debido a su edad y estado de salud, pero el juez rechazó la petición.
Aguirre permanecerá en el Altiplano
Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la audiencia inicial relacionada con la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en las inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La defensa del exmandatario solicitó que la medida cautelar se cumpliera bajo arraigo domiciliario, argumentando su edad y estado de salud. Aguirre, de 70 años, padece hipertensión y durante la audiencia se presentó en silla de ruedas.
El juez, sin embargo, determinó que no se cumplían las condiciones legales para conceder esa excepción y ordenó que permaneciera bajo prisión preventiva.
¿De qué acusa la FGR al exgobernador?
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal formuló imputaciones contra Aguirre por delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La Fiscalía General de la República sostiene que, cuando Aguirre estaba al frente del gobierno de Guerrero, habría girado instrucciones para ocultar o destruir evidencias que podían contribuir al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con la investigación, entre los elementos presuntamente ocultados se encuentran grabaciones de cámaras de vigilancia relacionadas con los acontecimientos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La FGR afirma que cuenta con testimonios y otros datos de prueba que apuntan a una posible participación directa del entonces gobernador en esas acciones, así como a la intervención de funcionarios estatales de alto nivel.
La investigación sobre Ayotzinapa fue reabierta con nuevas líneas
La Fiscalía explicó que las acusaciones forman parte de un nuevo análisis de las actuaciones y evidencias acumuladas durante años de investigación sobre el caso Ayotzinapa.
En estos trabajos participan la FGR, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal. También se contempla la participación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
Según la dependencia, esta revisión permitió identificar nuevas líneas de investigación relacionadas con el posible ocultamiento de información y evidencias que podrían ayudar a determinar qué ocurrió con los estudiantes y establecer responsabilidades.
La defensa de Aguirre cuestiona las acusaciones
Durante la audiencia, Aguirre decidió reservarse inicialmente su derecho a declarar. Posteriormente tomó la palabra para expresar su pesar por lo ocurrido con los normalistas y sostuvo que siempre ha colaborado con las investigaciones.
El exgobernador rechazó las acusaciones formuladas en su contra y afirmó que mantiene la conciencia tranquila.
Su defensa también argumentó que su edad y sus condiciones de salud debían ser consideradas para evitar su ingreso a prisión, pero el juez determinó que no existían elementos suficientes para concederle el beneficio solicitado.
¿Qué sigue en el proceso contra Aguirre?
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez deberá resolver posteriormente si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exgobernador.
Mientras se define su situación jurídica, Aguirre permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
La FGR señaló que continuará con las investigaciones y el análisis de las evidencias para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes y determinar la responsabilidad de quienes pudieron haber participado en el ocultamiento de información.
