El partido guinda enfrenta escándalos, violencia y peleas internas que alertan en varios estados. Aunque su marca pesa, el desgaste es tan fuerte que desde el centro intentan tomar control para evitar pagar un costo muy caro en las urnas
Morena y el gobierno decidieron dar un golpe de timón. La señal es clara: los gobernadores en turno no controlarán la sucesión en sus estados.
Lo que ocurre en Baja California y Zacatecas terminó de convencer a la cúpula guinda de que el riesgo de dejar ese poder en manos de mandatarios desgastados -o señalados- es demasiado alto rumbo a 2027.
Un atlas de riesgo político elaborado por sectores del partido identifica al menos ocho de las 17 entidades con focos rojos: guerra de grupos, inseguridad y acusaciones de vínculos entre políticos y crimen organizado.
Nada concluyente en muchos casos, pero la sola sospecha ya fue suficiente. La instrucción interna existe: aislar a los gobernadores del proceso de selección de los llamados “coordinadores de la defensa de la transformación”.
En Baja California, la estrategia federal apunta a desviar la atención hacia el exgobernador Ernesto Ruffo con acusaciones de huachicoleo, mientras se aleja discretamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sobre quien pesan sospechas de relaciones malsanas con grupos de dudosa reputación.
Ella lo llama guerra sucia y señala a Jaime Bonilla -exgobernador que opera bajo las siglas del PT- como el responsable de sus problemas.
Sin embargo, el costo político lo pagarían sus respectivos candidatos: Ismael Burgueño, alcalde con licencia de Tijuana ligado a Marina del Pilar, y Montserrat Caballero, exalcaldesa del mismo municipio, afectada por las maniobras de Bonilla.
La gran beneficiada sería la senadora Julieta Ramírez, quien se ha mantenido al margen de la disputa y encabeza las encuestas más recientes.
Zacatecas es el caso más grave. David Monreal no solo perdió el control del estado, perdió el control del partido. El asesinato reciente de diez personas clave, entre empresarios y funcionarios, algunos hallados colgados en un puente, terminó de hundir su ya deteriorada imagen.
Aparecía sin recato promoviendo a la senadora Verónica Díaz como su sucesora, pero el flaco favor que le hizo -sumado a los pésimos resultados de su gobierno- aceleró la decisión desde el centro: la balanza se inclinará por otro perfil. La dinastía Monreal en Zacatecas llegó a su fin.
Escenarios similares se repiten en Sinaloa, donde el escándalo de Rubén Rocha no termina de disiparse, Michoacán, Baja California Sur, Colima y Guerrero.
La marca Morena sigue fuerte en esos estados, pero la imagen de sus gobernadores está por los suelos y la gran pregunta ahora es: ¿quién decide quién reemplaza a estos gobernadores y bajo qué criterios?
Lo cierto es que Morena ganó el poder criticando las dinastías. Hoy tiene que aislar a sus propios gobernadores para evitar que hereden el cargo a sus allegados, protejan a sus grupos o arrastren sus escándalos a las urnas, porque la distancia entre lo que se predica y lo que se practica nunca había sido tan corta, ni tan evidente.
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A FINALES de agosto o principios de septiembre será cuando se conozcan los nombres de los finalistas de Morena para contender por una de las 17 Coordinaciones de la Transformación en los estados.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, y Ariadna Montiel, presidenta del partido, trabajan a marchas forzadas para depurar las listas de los 277 inscritos.
Según el calendario, se prevé que seis aspirantes lleguen a la encuesta final, que se realizará entre octubre y noviembre en cada estado: cuatro de Morena, uno del PT y uno del PVEM. Y antes de que termine el año, se conocerán los nombres de los candidatos oficiales de la alianza.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Prometieron acabar con los virreyes del pasado y terminarán quitando el poder a los del presente: en política, la lealtad acaba donde empiezan los escándalos”.
