- El INE aseguró que no tiene facultades ministeriales ni judiciales para investigar candidaturas.
- Guadalupe Taddei advirtió que cancelar aspirantes pondría en riesgo la imparcialidad del organismo.
- La reforma plantea una comisión para revisar perfiles de candidatos con apoyo de autoridades de seguridad.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, rechazó que el organismo electoral tenga la facultad de cancelar candidaturas por presuntos vínculos con el crimen organizado, como plantea una iniciativa impulsada desde el Ejecutivo federal.
Taddei advirtió que el INE no puede convertirse en una autoridad investigadora o judicial, ya que su función constitucional se limita a organizar elecciones y garantizar principios como legalidad, imparcialidad y transparencia.
Taddei advierte riesgos para la imparcialidad del INE
Durante un posicionamiento público, la presidenta del INE señaló que asumir tareas relacionadas con la validación de la integridad de candidaturas colocaría al instituto “en el centro de la disputa política”.
Explicó que el órgano electoral carece de facultades ministeriales o judiciales para investigar antecedentes penales, vínculos ilícitos o posibles riesgos criminales de aspirantes a cargos públicos.
“El INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política”, sostuvo Taddei.
Además, enfatizó que la responsabilidad de investigar y sancionar posibles relaciones con actividades delictivas corresponde únicamente a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.
Reforma propone comisión para revisar perfiles de candidatos
La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE.
De acuerdo con el planteamiento, esta comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales y serviría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y fiscalización.
El mecanismo propone que los partidos envíen voluntariamente listas de aspirantes para que distintas instancias del Estado analicen si existe un “riesgo razonable” relacionado con actividades ilícitas.
Posteriormente, las autoridades comunicarían al INE los resultados de dichas revisiones para que el instituto notificara a los partidos políticos bajo criterios de confidencialidad.
INE pide límites claros en la reforma electoral
Guadalupe Taddei insistió en que cualquier modificación legal debe delimitar claramente las atribuciones del instituto para evitar que se le asigne una responsabilidad que no le corresponde.
Indicó que el INE podría participar únicamente como un canal administrativo de comunicación entre partidos y autoridades, sin intervenir en decisiones sobre la permanencia o cancelación de candidaturas.
También alertó que otorgar al instituto facultades para determinar riesgos criminales podría poner en peligro al personal electoral en campo, al ser percibido como una autoridad investigadora.
Señalan que el INE no tiene herramientas para investigar
La consejera presidenta reiteró que el organismo electoral no cuenta con metodologías, sistemas de inteligencia ni mecanismos de investigación para determinar si una candidatura representa un riesgo para la seguridad pública.
Por ello, consideró indispensable mantener la separación de funciones entre las autoridades electorales y las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Aun así, Taddei afirmó que el INE colaborará técnicamente con el Poder Legislativo durante la discusión de la reforma electoral para aportar experiencia operativa y jurídica.
