- La Comisión Permanente recibió la solicitud del PAN para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa.
- La propuesta busca convocar al Senado a un periodo extraordinario para analizar el caso.
- Acción Nacional argumenta que existen acusaciones que vinculan a funcionarios estatales con el Cártel de Sinaloa.
Comisión Permanente recibe petición del PAN sobre Sinaloa
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió formalmente una solicitud presentada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para declarar la desaparición de poderes constitucionales en el estado de Sinaloa.
La petición surge tras los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el documento permanecerá bajo análisis mientras se instalan las comisiones de trabajo correspondientes.
PAN solicita convocar al Senado a sesiones extraordinarias
La solicitud presentada por la bancada panista plantea convocar al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y resolver la posible desaparición de poderes en Sinaloa.
De acuerdo con el documento difundido en la Gaceta Parlamentaria, el Senado tiene facultades constitucionales para intervenir cuando los poderes de una entidad federativa dejan de operar conforme al marco legal y constitucional.
Los legisladores argumentan que esta figura no representa una sanción penal ni un mecanismo político ordinario, sino una medida excepcional destinada a restablecer el orden constitucional y garantizar el funcionamiento institucional.
PAN señala presunta infiltración del crimen organizado
En el escrito, Acción Nacional sostiene que la situación en Sinaloa rebasa una crisis de seguridad convencional y representa un problema de “extrema gravedad institucional”.
El partido afirma que las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses apuntan a posibles nexos entre funcionarios estatales y la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Además, el PAN asegura que las imputaciones no solo involucran al Poder Ejecutivo estatal, sino también a áreas relacionadas con seguridad pública, procuración de justicia y otros espacios de gobierno.
Acusaciones alcanzan el origen del gobierno estatal
La solicitud destaca que los señalamientos también abarcan el proceso electoral de 2021, en el que Rubén Rocha Moya resultó electo gobernador de Sinaloa.
Según el documento, las acusaciones indican que integrantes del crimen organizado habrían intimidado y secuestrado a adversarios políticos durante aquella contienda electoral para favorecer el triunfo del actual mandatario con licencia.
Los panistas sostienen que, de comprobarse estas acusaciones, existiría una alteración grave al orden constitucional y democrático de la entidad.
Ricardo Anaya afirma que el problema alcanza otros poderes
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la presunta influencia del crimen organizado en Sinaloa no se limita únicamente al gobernador con licencia.
El legislador afirmó que existen indicios de infiltración criminal en los poderes Legislativo y Judicial del estado.
Como ejemplo, recordó casos relacionados con presuntas presiones y vínculos políticos ocurridos durante el proceso electoral estatal de 2021.
PAN asegura que busca restablecer el orden constitucional
Acción Nacional aclaró que la solicitud no pretende sustituir investigaciones penales ni anticipar una condena contra los funcionarios señalados.
El partido argumentó que el objetivo principal es restituir el orden constitucional, proteger a la población y garantizar la vigencia del pacto federal.
También señalaron que buscan evitar que instituciones encargadas de combatir al crimen organizado permanezcan bajo sospechas de favorecer intereses criminales.
Comisión Permanente definirá el siguiente paso
Por ahora, la solicitud quedó en manos de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que deberá determinar el procedimiento legislativo correspondiente.
En caso de avanzar, el Senado podría ser convocado a sesiones extraordinarias para analizar la petición y decidir si procede o no la desaparición de poderes en Sinaloa.
La discusión se desarrolla en medio de un contexto de tensión política y de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.
