• FGR detecta irregularidades en contrato por más de 13 millones de pesos en Zacatecas
• Caso suma múltiples procesos penales y miles de millones en presunto daño patrimonial
• PRI exige investigaciones y comparecencias por Segalmex y otros proyectos federales
El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) vuelve a tomar relevancia tras nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que identificó un presunto desvío de recursos en un contrato asignado durante 2019, lo que amplía uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en México.
Nuevo desvío detectado en contrato de mantenimiento
La FGR detectó un presunto desvío superior a 13 millones de pesos vinculado a un contrato de mantenimiento en Zacatecas. Dicho acuerdo fue otorgado por adjudicación directa a la empresa Inmobiliaria Terbix para la conservación de inmuebles.
De acuerdo con las investigaciones, aunque el contrato contemplaba trabajos en 29 estados, estos no se realizaron conforme a lo establecido. En su lugar, únicamente se documentó la construcción de dos estructuras metálicas tipo contenedor, una de ellas inconclusa.
A pesar de estas irregularidades, se efectuaron pagos por 13.8 millones de pesos, lo que derivó en nuevas imputaciones dentro del caso.
Procesos penales y acumulación de irregularidades
Con este nuevo señalamiento, el caso Segalmex acumula al menos siete procesos penales por distintos delitos. Entre los principales implicados se encuentra René Gavira, exdirector administrativo del organismo, quien enfrenta múltiples acusaciones por desvío de recursos.
Las investigaciones señalan que Gavira habría participado en esquemas de uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y simulación de contratos, acumulando montos que superan los 2 mil 600 millones de pesos.
También se han documentado otros mecanismos irregulares, como la compra de bonos de alto riesgo con recursos públicos y operaciones sin respaldo legal.
Detenciones y avances en la investigación
En el marco del caso, diversas detenciones han sido realizadas en los últimos años. Entre ellas, la del exsubdirector de Operaciones en Liconsa, Hugo Buentello, en 2025, y la de René Gavira en 2023.
Sin embargo, el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, no ha enfrentado cargos penales hasta ahora, a pesar de que el caso ha implicado a decenas de funcionarios.
De acuerdo con auditorías oficiales, el daño patrimonial estimado supera los 15 mil millones de pesos, aunque autoridades han señalado que no todo ese monto corresponde a recursos directamente desviados.
Origen y transformación de Segalmex
Segalmex fue creada en 2019 con el objetivo de garantizar el abasto de alimentos básicos a bajo costo para la población. No obstante, auditorías detectaron múltiples irregularidades, como contratos simulados, pagos a empresas fantasma y operaciones financieras sin sustento.
Tras el escándalo, el gobierno federal reestructuró el organismo y transfirió sus funciones a Diconsa y Liconsa. En la actual administración, el esquema fue transformado bajo el programa Alimentación para el Bienestar.
Presión política: PRI exige rendición de cuentas
El caso ha generado una fuerte reacción política. El PRI ha solicitado que se investiguen a fondo las irregularidades en Segalmex y que exfuncionarios comparezcan ante el Congreso.
El senador Manuel Añorve planteó que figuras como Ignacio Ovalle deben rendir cuentas por el presunto desfalco, además de exigir explicaciones sobre otros proyectos federales como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico.
Asimismo, legisladores priistas han señalado que no debe existir un trato selectivo en la rendición de cuentas y han insistido en que se investiguen posibles vínculos en otros casos relacionados con el llamado “huachicol fiscal”.
Impacto político y exigencia de transparencia
El escándalo de Segalmex ha sido considerado uno de los más relevantes por su magnitud y por el impacto en programas dirigidos a población vulnerable.
La oposición ha advertido que este caso refleja fallas estructurales en la supervisión del gasto público, mientras que el gobierno ha sostenido que se han iniciado procesos legales contra los responsables.
El desarrollo de las investigaciones y las resoluciones judiciales serán clave para determinar responsabilidades y definir el alcance real del daño patrimonial.
