La suerte del gobernador con licencia y otros políticos sinaloenses, acusados por EU, parece estar echada: serán vinculados a proceso, mientras que en Morena ya lanzaron el mensaje de control de daños: “cero tolerancia” a la corrupción
Más allá de lo que se dice en público, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza con seriedad fincar responsabilidades contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y otros personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En Palacio Nacional se han dibujado dos rutas: una, vincularlos a proceso con base en la demanda estadounidense e iniciar un eventual camino de extradición; otra, imputarles delitos en México y empujar a que sean juzgados en territorio nacional, lo que elevaría la tensión con Donald Trump.
En ese contexto debe leerse lo que dijo Sheinbaum sobre “necesitar más pruebas”, no sólo por cautela jurídica. Busca ganar tiempo para encontrar la salida menos costosa para su gobierno y para Morena, y, de paso, negociar con Washington.
En México saben que EU amenaza con más expedientes contra políticos y que el desenlace del primer caso marcará el trato de los pendientes.
Por eso, se ve difícil –casi imposible– que Rocha regrese como gobernador. Están en juego la agenda de seguridad, la cooperación bilateral y la ruta electoral 2027.
La declaración de Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, en el sentido de que la licencia deja sin fuero a Rocha y que puede ser detenido en cualquier momento, sugiere que la suerte del sinaloense está echada.
Y es que en Palacio entienden la lógica del momento: sacrificar un peón antes de comprometer a todo el tablero. Y ese mensaje se amarró con Ariadna Montiel, quien, tras rendir protesta como presidenta de Morena, lanzó una frase que no fue casual: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena”.
Luego apretó más: “Es momento de hacer examen de conciencia y, si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacerlo a un lado”. Y remató: “En Morena los corruptos no tienen cabida”; quien aspire a un cargo –dijo– debe tener una trayectoria impecable.
De esa forma, si Morena quiere sostener la narrativa de limpieza, tendrá que demostrar que sus frases no son propaganda: que hay consecuencias, que hay sanciones y que la “trayectoria impecable” no se mide en mítines, sino en expedientes y en tribunales.
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EN EL CONGRESO extraordinario de Morena, hubo varias cosas que llamaron la atención: brillaron por su ausencia la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y el senador Enrique Inzunza.
En el aplausómetro, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, se llevó de calle a muchos, incluido Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización.
En los discursos del evento nadie mencionó el nombre de Rubén Rocha y en las entrevistas banqueteras, “todo mundo” defendía al partido, al movimiento y a la presidenta Sheinbaum, nadie al sinaloense.
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EL CONGRESO DE ZACATECAS designó a Verónica Yvette Hernández como nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, con todo y que hasta hace unos días se desempeñaba como secretaria de Administración del gobierno de David Monreal.
Por donde se le vea, se trata de un conflicto de intereses porque será juez y parte en un área tan sensible que tiene que ver con la revisión de las finanzas del Estado.
Pero entre los zacatecanos no causó extrañeza la designación, debido a que es un secreto a voces la estrecha relación que tiene Verónica con el diputado Ricardo Monreal, jefe de Morena en San Lázaro. Recordemos que hace unos años se filtraron audios de supuestas conversaciones sentimentales entre ambos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Hay décadas en las que no pasa nada, y semanas en las que pasan décadas”.
