• La Fiscalía señala que no existen elementos para justificar la detención provisional de los acusados
• Solicitará a Estados Unidos ampliar pruebas, documentos e informes del caso
• Se realizará un segundo análisis una vez que se reciba información adicional
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá, por ahora, con la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante una conferencia, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la solicitud enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York carece de elementos suficientes que acrediten la urgencia de aplicar esta medida cautelar.
Evaluación legal de la solicitud
El funcionario subrayó que la detención provisional con fines de extradición implica una restricción a los derechos humanos, por lo que únicamente puede concederse cuando existen fundamentos sólidos, pruebas claras y una justificación legal contundente.
“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar por qué de la urgencia de la detención provisional”, señaló.
Asimismo, indicó que en una revisión inicial no se encontraron pruebas anexas que acrediten la posible comisión de delitos que justifiquen una acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas.
Solicitud de información adicional
Ante esta situación, la FGR solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que requiera formalmente a las autoridades estadounidenses la entrega de pruebas, documentos, informes y argumentos que respalden las acusaciones.
La institución puntualizó que este procedimiento aún no constituye una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de medida cautelar para detener provisionalmente a los señalados.
Investigación en curso en México
La Fiscalía reiteró que mantiene abiertas las investigaciones correspondientes sobre los hechos que presuntamente ocurrieron en territorio nacional, en apego a la legislación mexicana y a los principios del Estado de derecho.
Además, advirtió que la difusión pública de información relacionada con el caso podría afectar el debido proceso.
Una vez que se reciba la información complementaria por parte de Estados Unidos, la FGR realizará un segundo análisis para determinar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el tratado bilateral de extradición y la legislación vigente.
