• La FGR revisa solicitudes de extradición contra 10 mexicanos señalados por EU
• El gobierno federal advierte que sin evidencia sólida, las acusaciones serían políticas
• Sheinbaum cuestiona pruebas presentadas y reafirma defensa de la soberanía
Posición oficial ante acusaciones de Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció la postura del gobierno federal frente a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia del 30 de abril, afirmó que cualquier procedimiento debe sustentarse en pruebas firmes conforme a la legislación mexicana. “Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, declaró.
Indicó que, si la Fiscalía General de la República obtiene evidencia “contundente e irrefutable” o detecta elementos de delito en sus propias investigaciones, deberá actuar conforme a derecho. No obstante, advirtió que, en ausencia de pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, puntualizó.
Revisión legal y proceso de extradición
La mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos, las cuales ya fueron remitidas a la Fiscalía para su análisis.
Explicó que la FGR deberá determinar si existen elementos probatorios suficientes para proceder judicialmente. Además, abrió una investigación paralela para reunir información que permita establecer si las acusaciones cuentan con fundamento legal.
Recalcó que el sistema penal mexicano exige pruebas verificables para solicitar órdenes de aprehensión, por lo que no basta con declaraciones o señalamientos sin sustento.
Dudas sobre la evidencia presentada
Sheinbaum cuestionó la validez de las pruebas difundidas por autoridades estadounidenses, en particular un documento que incluye supuestos registros de sobornos.
“Esta es la prueba que ponen ellos… ‘Juanito, 30 mil pesos’. Es una hoja de papel”, expresó al referirse al material exhibido. También señaló que en el expediente se mencionan testigos cuya identidad no ha sido revelada, lo que genera incertidumbre sobre su credibilidad.
Subrayó que el gobierno mexicano no emitirá juicios anticipados, pero insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas sólidas.
Soberanía y relación bilateral
La presidenta fue enfática en que México no permitirá injerencias externas en decisiones internas. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, sostuvo.
Añadió que la relación con otros países debe mantenerse bajo principios de igualdad, sin subordinación, y siempre respetando el marco constitucional.
Contexto del caso y acusaciones
El gobierno de Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Según el expediente, habrían facilitado operaciones criminales, intercambio de información y traslado de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos. Los implicados enfrentarían cargos por narcotráfico, armas y conspiración, con posibles penas de hasta cadena perpetua.
Entre los señalados se encuentran funcionarios en activo y exfuncionarios de alto nivel en la entidad.
Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de fundamento, al tiempo que las calificó como un ataque político.
Antecedente relevante: caso Cienfuegos
La presidenta recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Estados Unidos y posteriormente liberado en México por falta de pruebas.
Señaló que este antecedente demuestra la importancia de contar con evidencia sólida antes de proceder legalmente contra cualquier persona.
Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar la viabilidad del caso con base en pruebas y conforme a la legislación mexicana.
