México enfrenta una deuda histórica con las mujeres. Hoy, 16 mujeres mueren o desaparecen cada día, pero menos de ¼ de esos crímenes se investiga como feminicidio.
Estas cifras revelan la magnitud de la omisión: entre los años 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil muertes violentas de mujeres, y solo 6 mil 781 de estas fueron clasificadas correctamente. El resto quedó atrapado en la opacidad institucional.
En ese contexto, la aprobación de manera unánime (con 467 votos a favor) a la reforma del artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, no es un trámite legislativo menor, representa el reconocimiento, tardío pero indispensable, de que la fragmentación normativa ha sido una de las grandes aliadas de la impunidad.
Hoy, cada entidad federativa tipifica el feminicidio bajo criterios distintos, con sanciones y protocolos desiguales. El resultado es devastador: investigaciones deficientes, carpetas mal integradas y asesinatos de mujeres que terminan archivados como homicidios dolosos o incluso como suicidios.
La tan esperada iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca corregir esa dispersión institucional: homologar el tipo penal, unificar protocolos y establecer penas que irían de los 40 a los 70 años de prisión. Además, obliga a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente por autoridades como feminicidio.
En México, el feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal, específicamente en el artículo 325, que establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, por ejemplo cuando:
hay violencia sexual,
lesiones degradantes, entre otros…
En el papel, se trata de un cambio de paradigma que podría transformar de manera considerable la procuración de justicia en el país. No obstante, legislar no es suficiente, se requiere que las fiscalías actúen.
La realidad nacional obliga a ir más allá del entusiasmo legislativo. Hoy las fiscalías en México apenas resuelven alrededor del 1% de los asuntos que reciben, mientras tanto, la Secretaría de las Mujeres permanece vacante, en medio de una crisis marcada por los feminicidios que han estremecido al país en las últimas semanas.
Sin la existencia de instituciones fuertes, sin capacidad de investigación y sin conducción política clara, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
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BITÁCORA:
- · “CASO MACIEL”
Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, este caso se refiere al feminicidio ocurrido en 2019 en la Ciudad de México. Ha vuelto a ser noticia en abril de 2026 debido a decisiones judiciales polémicas donde la jueza Amarande Riojas Orozco, quien dejó en prisión domiciliaria a su presunto feminicida: Mario Alberto Sabag Corona, familiares de la víctima presentaron una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
MEDIDAS JUDICIALES: Aunque el TDJ no ha informado oficialmente las causas de la medida, fuentes judiciales relacionan la suspensión de Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, con este caso, convirtiendo a Riojas en la primera jueza penal de la Ciudad de México electa por voto popular en ser separada del cargo.
- · “CASO EDITH”
Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado el 17 de abril de 2026 en el sótano de un edificio en la Avenida Revolución, Ciudad de México. El caso ha generado una fuerte indignación pública debido a denuncias de negligencia institucional e irregularidades en la investigación. Presunto Responsable: Juan Jesús “N”, el vigilante del edificio, fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio.
FALLAS DE LA FISCALÍA: La fiscal capitalina reconoció que el personal no cumplió con los protocolos de búsqueda inmediata. Se investigan posibles actos de corrupción y omisiones.
MEDIDAS LEGISLATIVAS: A raíz de este caso, el Congreso de la CDMX ha impulsado reformas para endurecer las penas contra quienes utilicen ofertas de trabajo falsas para cometer delitos.
- · “CASO CAROLINA FLORES”
El feminicidio de Carolina Flores Gómez de 27 años, exreina de belleza de Baja California, ocurrido el pasado 15 de abril de 2026, ha causado indignación nacional luego de que las investigaciones señalaran como principal sospechosa a su suegra, presuntamente responsable de asesinarla dentro de su departamento en Polanco. El caso ha generado conmoción por la violencia del crimen.
MEDIDAS LEGALES: El caso ha reavivado la discusión sobre la “Ley Monse”, la cual busca eliminar la impunidad y protecciones legales que impiden sancionar a familiares que ayuden a encubrir a responsables de feminicidio, cuando lo ayudan a escapar o a ocultar pruebas.
El Congreso tiene 180 días para expedir la legislación secundaria. Ahí es donde comenzará la prueba verdadera. Porque aprobar reformas constitucionales es necesario, pero frente a la violencia feminicida, legislar no basta: la justicia debe llegar a tiempo.
