Cada protesta tiene una causa… y, a veces, un candidato escondido. Por eso, rumbo a los comicios se endurecerán ciertos “movimientos sociales” para convertirse en palancas electorales. Y ahí el país paga doble: con parálisis carretera y con negociaciones a fuerza de chantaje
En Morena y en el gobierno federal existe la certeza de que, conforme se acerca 2027, se radicalizarán las movilizaciones de sectores como el campesino y el de transportistas. No solo por la reivindicación de derechos y demandas -que en muchos casos son legítimas-, sino como parte de proyectos político-electorales que ya se están cocinando.
Esas acciones colectivas buscan catapultar a liderazgos sectoriales, sí, pero también a políticos que no conciben la vida fuera del presupuesto y hasta a empresarios que mantienen pleito permanente con el gobierno y lo ven como el adversario a vencer.
De acuerdo con investigaciones gubernamentales recientes, organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que encabeza Baltazar Valdez; la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), de David Estévez; y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), liderado por Eraclio Rodríguez, han dejado de ser únicamente vehículos de representación social.
Hoy operan, cada vez más, como plataformas de posicionamiento político personal, con una constante clara: movilización y presión como herramientas para la construcción de candidaturas y la negociación de cuotas.
No es casualidad; es estrategia. El uso sistemático de bloqueos ya no puede leerse solo como protesta social. Cuando ese fenómeno revienta cadenas de suministro, encarece la logística y paraliza rutas clave, deja de ser un mensaje y se convierte en palanca. El problema, entonces, no es la protesta en sí: es su instrumentalización.
Según la lectura del régimen, los antecedentes de candidaturas fallidas o aspiraciones abiertas muestran que parte de ese activismo está amarrado a objetivos electorales.
En ese contexto, la movilización no es el fin: es el medio para mantenerse vigentes, marcar agenda y obligar al gobierno a sentarse a negociar desde la presión.
Y ahí está el dilema: tolerar la presión o confrontarla, con el riesgo de escalar el conflicto. En ese margen -entre el diálogo y la confrontación- estos grupos encuentran su mayor capacidad de negociación, porque saben que cada hora de bloqueo cuesta dinero, desgaste político y, sobre todo, irritación social.
Entre los personajes que el gobierno identifica como potenciales beneficiarios de este clima están algunos herederos de la “Marea Rosa”, como Emilio Álvarez Icaza. También están panistas que litigan; integrantes de MC, el partido de Jorge Álvarez Máynez; y empresarios como Claudio X. González. Además, hay otros que mantienen un pleito eterno con el fisco y quisieran cobrar revancha.
A todos ellos -y a más- se les verá con mayor actividad pública en el corto, mediano y largo plazo. Por eso, dicen en el gobierno y en Morena, bajo el mando de Luisa María Alcalde, que habrá apertura al diálogo franco y directo, pero no al chantaje ni a los acuerdos insanos. Y es que al final, el problema no es que el campo o los transportistas levanten la voz: el problema es cuando la protesta se convierte en plataforma y el bloqueo en currículum.
Porque en México ya vimos ese guion: primero “lucha social”, luego “mesa de negociación” y al final boleta, presupuesto y fuero. Y mientras los verdaderos productores y choferes pagan el costo del desgaste, los de arriba -los operadores, los aspirantes y los vividores- solo hacen caja con el caos.
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTISTAS (ANTAC) confirmó un “paro nacional” de sus agremiados, con bloqueos en todos los accesos a la Ciudad de México este 6 de abril. Dicen sus dirigentes que las afectaciones serán temporales y los beneficios permanentes. La pregunta es: ¿quién será el principal beneficiado?
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A FUEGO LENTO tomará unos días de descanso. Nos leemos el 13 de abril.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El lobo no marcha: administra el rebaño y cobra peaje”.
