Con la incorporación del PT y PVEM a la mesa y la mano de Gobernación, inician los trabajos para construir el plan alternativo a la reforma electoral. Van por la eliminación de privilegios en municipios y congresos locales
Sepultado el Plan A de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum activó la maquinaria del Plan B, ahora bajo la batuta política de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La señal es clara: si la reforma grande se atoró, se construye una reforma más quirúrgica, con menos explosivos en el papel y más pólvora en los hechos.
El giro, además, no es menor: la “novedad” es que el nuevo paquete se trabajará, otra vez, con los aliados incómodos de siempre: PT y PVEM.
La responsabilidad ya no recaerá sólo en Pablo Gómez, quien encabezó la “coordinación” del proyecto que terminó rechazado en la Cámara.
En Palacio se asume -aunque nadie lo grite- que todo se enredó en la operación política. Gómez y Jesús Ramírez habrían complicado las negociaciones con los aliados.
Y, por supuesto, el PT y el Verde también fueron parte del fracaso: se les señaló por frenar la ruta y por convertir cada voto en factura.
Con todo, la Presidenta decidió darles una segunda oportunidad. No es perdón: es condición. Si quieren “rebanada del pastel” rumbo a 2027, tendrán que asumir el costo y compartir el desgaste por mover reglas.
La primera mandataria entendió que la reforma no se empuja sólo con discurso, sino con incentivos, castigos y acuerdos verificables.
El Plan B también cambió de naturaleza. En la nueva etapa habrá reformas constitucionales en materia administrativa, no necesariamente electorales.
El paquete va en tres ejes: reducir privilegios en congresos locales y en municipios, así como en el fortalecimiento de la consulta popular.
La jugada tiene lógica: el Plan B ya no toca el nervio que incendió a todos -como las plurinominales-. En cambio, baja al terreno donde se esconde el dispendio cotidiano: regidurías, ayuntamientos y congresos.
Y ahí aparece la frase que explica el cambio: porque es en lo local donde muchos partidos -aliados y oposición- guardan sus “cajas chicas”. Es donde acomodan cuotas, salarios y prebendas, incluso en estados con alta marginación.
No es casual que el PT, que comanda Alberto Anaya, y el PVEM, de Karen Castrejón, hayan pegado el grito cuando se habló de pluris. Ahora falta ver con qué argumento se plantan si el nuevo objetivo es dinamitar el gasto que sí les sirve: el que se reparte municipio por municipio.
Las negociaciones, en los hechos, comenzaron desde el anuncio de la muerte prematura de la reforma. Solo que ahora cambió el timón:
Con Rosa Icela Rodríguez al frente y con la presencia de figuras de Morena como Luisa María Alcalde, Esthela Damián, Ricardo Monreal, Ignacio Mier, además de Pablo Gómez, Jesús Ramírez y Bernardo Valle, así como del PT y del PVEM (Reginaldo Sandoval y Arturo Escobar), trabajan un borrador. Éste se presentará en el Senado el 16 de marzo.
Lo cierto es que si el Plan A murió por ambición y cálculo, el Plan B se construye para eliminar privilegios sin importar colores ni tendencias.
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MOLESTIA Y FRUSTRACIÓN PROVOCÓ, entre algunos aspirantes, el proceso de elección del titular de la Auditoría Superior de la Federación. No tanto por haber quedado fuera, sino porque se sintieron utilizados.
El jefe de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, vendió espejitos a varios y les hizo creer que tenían posibilidades, cuando desde Palacio- ya se había marcado la línea. Una de las víctimas del engaño fue David Colmenares, quien buscó la reelección azuzado por Monreal.
El zacatecano sabía que el auditor no contaba con el respaldo de la oposición ni de Morena; el rechazo era prácticamente unánime. Aun así, lo convenció de competir y, al final, entregó su cabeza a la oposición para evitar objeciones y aprobar, sin sobresaltos, la nominación de Aureliano Hernández, quien obtuvo una votación casi absoluta.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En política, el más útil es el que pierde a tiempo”.
