• El fallo declara ilegal la deportación exprés de migrantes a países distintos al suyo
• La medida permitía traslados con avisos mínimos y sin audiencia adecuada
• El caso podría llegar nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos
Un juez federal en Boston declaró ilegal la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump que permitía deportar de manera acelerada a migrantes hacia terceros países, sin brindarles una oportunidad significativa para expresar temores de persecución o tortura.
El juez de distrito Brian Murphy determinó que la medida del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos vulnera garantías procesales básicas y ordenó su derogación. No obstante, suspendió la entrada en vigor del fallo durante 15 días para que el Gobierno pueda presentar una apelación, dada la relevancia y complejidad del caso.
Qué establecía la política migratoria
La normativa, formalizada en un memorándum emitido en marzo y reforzada con lineamientos en julio, autorizaba la deportación de personas con orden final de expulsión a países distintos a los señalados originalmente en sus procesos.
El procedimiento se sustentaba en garantías diplomáticas de que los migrantes no serían perseguidos ni torturados en los destinos alternativos. En algunos casos, el aviso previo al traslado podía ser de apenas seis horas.
El Gobierno defendió la medida como un mecanismo necesario para gestionar casos en los que los países de origen se niegan a recibir a sus nacionales, especialmente cuando existen antecedentes penales.
Intervenciones previas del máximo tribunal
El caso ya había llegado en dos ocasiones a la Corte Suprema. Primero, el alto tribunal levantó una orden preliminar que protegía los derechos procesales de los migrantes. Posteriormente, permitió la deportación de ocho hombres a Sudán del Sur.
La nueva resolución de Murphy reabre el debate jurídico sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y la obligación de garantizar el debido proceso.
Impacto y críticas
La demanda colectiva fue presentada en representación de personas que enfrentaban deportaciones hacia países como Libia, Sudán del Sur y El Salvador, destinos no contemplados originalmente en sus órdenes de expulsión.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la política por considerar que exponía a los migrantes a contextos de violencia y persecución sin un análisis individual adecuado.
Retos de las deportaciones aceleradas
La estrategia de deportaciones rápidas busca reducir tiempos en tribunales migratorios y agilizar expulsiones. Sin embargo, enfrenta obstáculos logísticos, financieros y legales.
El sistema judicial migratorio estadounidense acumula millones de casos pendientes, lo que complica la ejecución de órdenes de deportación. Además, varios países han rechazado recibir deportados, lo que limita la aplicación práctica de la política.
El litigio continuará en tribunales y podría ser definido nuevamente por la Corte Suprema, instancia que tendrá la última palabra sobre la legalidad del programa.
