El Partido Verde exige que Morena no imponga encuestas ni reglas “a modo”. Propone mediciones propias o un órgano común para definir candidaturas en la Ruta 2027, mientras marca territorio para ir solo en varios estados
Los partidos aliados de Morena ya hicieron cuentas y, a diferencia de otros procesos, llegarán a 2027 con una exigencia clara: que el partido guinda modifique la fórmula para elegir candidaturas.
Ya no quieren aparecer como rémoras ni como “paleros” de membrete. Y, hay que decirlo, algo de razón tienen: sin sus votos en el Congreso de la Unión, varias iniciativas clave de la 4T no habrían pasado.
El mensaje más nítido viene del Partido Verde. Su dirigente nacional, Karen Castrejón, ha repetido hacia adentro que hace tiempo dejaron de ser “la chiquillada”.
Sus números —presumen— pesan más que los de partidos que se sienten grandes. Y bajo esa óptica, los del tucán pretenden cobrar en la mesa electoral lo que ya pagaron en la mesa legislativa.
La exigencia va dirigida a Morena, hoy bajo la batuta de Luisa María Alcalde: cambiar el método de elección de abanderados en las alianzas que participe el PVEM.
Ya no aceptan que los guindas hagan “sus” encuestas en solitario ni que se impongan criterios de acciones afirmativas de manera discrecional, abriendo o cerrando puertas en nombre de la equidad de género.
Sobre la mesa hay dos rutas: que cada partido de la coalición levante sus encuestas o que se cree un centro único de evaluación con representantes de todos.
Ahí se medirían perfiles para competir por las 300 diputaciones federales y para las gubernaturas que se acuerden en coalición. Suena a institucionalidad, pero también a reparto de control: quien controla la medición, controla la candidatura.
Y mientras negocian el método, el Verde marcó territorio. Se perfila ir solo en algunos estados, sin aliarse con Morena o con el PT de Alberto Anaya.
En San Luis Potosí impulsarían a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, aun con la narrativa morenista contra el nepotismo. También se menciona que irían solos en Zacatecas con Carlos Puente.
En Colima con el senador Virgilio Mendoza; en Guerrero con la propia Karen Castrejón; en Nayarit con la senadora Jasmine Bugarín; y en Nuevo León con el senador Waldo Fernández.
En Chihuahua, perfilan al diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez, señalado como el más adelantado en las encuestas.
En Sinaloa preparan al diputado federal Ricardo Madrid y en Baja California Sur al alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez.
El cálculo es obvio: hacer valer su fuerza y cobrar réditos por haber apoyado a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Falta ver si los dejan… y si la reforma electoral termina convertida en moneda de cambio, porque en la política de alianzas, nadie es socio gratis; el Verde ya puso precio y Morena tendrá que decidir si paga con candidaturas… o cobra con disciplina, porque cuando el tucán deja de ser “aliado” y se siente “indispensable”, la coalición ya no es pacto: es factura.
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TRAS LA “CAÍDA” del senador Adán Augusto López, sigue la especulación sobre quién será el siguiente en la fila: el diputado zacatecano Ricardo Monreal. Y, rumbo a 2027, también se menciona que la coordinación de Morena en San Lázaro podría quedar en manos de Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la reforma electoral.
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EL GOBIERNO FEDERAL continúa revisando expedientes de varios alcaldes de Morena que enfrentan serios señalamientos, sobre todo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En ese radar aparece el presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Carlos Jacobo Rodríguez: no sólo por sus reacciones compulsivas y lengua suelta, sino por negocios familiares con recursos públicos y por sus malas compañías.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Del municipio al Ministerio Público hay un paso: el expediente”.
