El jalón vino desde Gobernación: Rosa Icela Rodríguez, no Pablo Gómez, bajará a tierra los “ajustes” ante las bancadas oficialistas. Tras negociar con PT y el Verde, el gobierno ya no empuja la desaparición de pluris ni un recorte severo de prerrogativas
Esta semana será crucial para la tan llevada y traída reforma electoral. Después de berrinches y pataleos de los partidos aliados de Morena, por fin las y los diputados y senadores oficialistas conocerán el proyecto presidencial ya “acabado”.
Y el dato político no es menor: quien lo presentará no será el titular de la comisión presidencial, Pablo Gómez, sino la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en las plenarias de fin de mes. En traducción llana: el expediente dejó de ser técnico para volverse, abiertamente, de operación y control de daños.
Fuentes oficiales lo explican así: los ajustes a la propuesta original son resultado de las negociaciones que sostuvo Rosa Icela con representantes del PT y del Verde.
Sus dirigentes, Alberto Anaya y Karen Castrejón, pegaron el grito en el cielo porque la propuesta de “eliminar” los pluris ponía en riesgo su sobrevivencia en el Congreso. A eso se sumaba otra alarma: un recorte fuerte a las prerrogativas. Dos golpes directos al oxígeno de cualquier partido pequeño: curules y dinero.
Pero las cosas cambiaron. Después de las reuniones entre Gobernación y los “aliados”, llegaron a conclusiones que, en los hechos, son concesiones: no desaparecerán los pluris y tampoco habrá un recorte significativo de prerrogativas. Se mantiene la narrativa de “ajustes” y “reducciones”, pero se descarta —al menos por ahora— la cirugía mayor que detonó la rebelión.
En ese contexto, surge un planteamiento nuevo: ya no se buscaría borrar la representación proporcional, sino modificar su método. El gobierno propondrá que los pluris sean electos por los ciudadanos, como el resto de los legisladores.
La idea suena vendible: menos listas cerradas, menos cuotas, más votos. El problema es que el diablo vive en la letra chiquita: ¿cómo se diseñará la fórmula?, ¿qué se premiará?, ¿cómo se evita que el “voto ciudadano” sea sólo un nuevo disfraz del “dedazo”?
Y entonces aparece la pregunta que explica el giro: ¿cómo evitó el gobierno el rompimiento? Además de ajustar el proyecto, ofreció que Morena se sume y apoye a las y los candidatos del PT y del PVEM mejor posicionados para gubernaturas, municipios, diputaciones y regidurías. Es decir, la reforma se negocia con el mismo combustible de siempre: respaldo electoral y reparto de candidaturas.
No es casual. PT y Verde crecieron al cobijo de Morena desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador en estados como Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Nuevo León. Falta ver si esa fuerza es real en las urnas o si sólo son indispensables para no descuadrar la mayoría absoluta en Diputados y el Senado.
Al final, la reforma electoral no avanzará por convicción democrática, sino por conveniencia aritmética; y los “aliados” no negocian principios, negocian posiciones.
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LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, sostuvieron la semana pasada una reunión en Palacio Nacional para consensuar movimientos rumbo a 2027.
En ese encuentro, Brugada habría hablado de las dos primeras bajas en su gabinete: Ángel Tamariz, titular de la ADIP, y Héctor Ulises García, secretario de Movilidad. El anuncio, dicen, se haría en las próximas semanas. Se espera que lleguen perfiles cercanos a Pepe Merino y Andrés Lajous, quienes en su momento dieron buenos resultados en la capital.
Y hablando de cambios, la Presidenta también realizó una evaluación del desempeño de su gabinete durante su primer año de gestión. Quienes dicen que saben aseguran que hay al menos tres secretarios en la cuerda floja; entre ellos, la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien, más que resolver, se ha visto envuelta en diversas polémicas.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En México, el poder no se reforma: se administra… y se protege”.
