- El padrón busca frenar fraudes y extorsiones, pero expertos ven un impacto limitado
- Delitos ya migraron a plataformas digitales fuera del alcance de la medida
- Alertan riesgos de suplantación, vigilancia y vulneración de la privacidad
Inicio del registro obligatorio
Este 9 de enero de 2026 comenzó en México el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, una medida que busca combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro mediante la vinculación de cada número con una identidad oficial. A partir de ahora, todas las personas físicas y morales deberán asociar sus líneas a datos personales como identificación oficial y CURP.
La obligación aplica tanto para nuevas contrataciones como para líneas ya activas, las cuales deberán regularizarse antes del 30 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio.
Eficacia cuestionada por especialistas
Expertos en ciberseguridad advirtieron que el impacto del padrón será limitado, ya que la mayoría de los fraudes actuales ya no se cometen mediante llamadas tradicionales. Víctor Ruiz, director de la empresa Silikn, señaló que más del 90% de estos delitos se realizan hoy a través de servicios digitales como WhatsApp, Telegram o llamadas por internet.
El especialista explicó que, sin una estrategia integral contra el fraude digital, el registro podría convertirse en una carga administrativa sin atacar el núcleo del problema, que ahora opera en plataformas fuera del control de la regulación nacional.
Riesgo de suplantación y procesos legales
Otro de los principales riesgos identificados es la suplantación de identidad. Aunque las empresas deberán validar documentos contra bases oficiales, el mercado negro de datos personales y el uso de credenciales falsas podrían derivar en que ciudadanos queden vinculados a líneas que nunca utilizaron.
En esos casos, deslindar responsabilidades podría implicar procesos largos ante fiscalías y unidades cibernéticas, con investigaciones que requieren videos de activación, rastreos de IMEI y registros comerciales, lo que suele retrasar la justicia.
Postura de operadores móviles
Empresas como Telcel y AT&T confirmaron que el registro será gratuito y podrá realizarse de manera remota o presencial. Telcel informó que deberá registrar alrededor de 80 millones de líneas y subrayó que la medida no es iniciativa privada, sino una disposición legal obligatoria.
AT&T precisó que cada identidad podrá vincular hasta 10 líneas telefónicas y advirtió que el incumplimiento derivará en la suspensión del servicio. Ambas compañías señalaron que, a partir de febrero de 2026, se habilitarán mecanismos para aclaraciones o desvinculación de líneas no reconocidas.
Alertas por privacidad y vigilancia
Organizaciones defensoras de derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtieron que el padrón puede fortalecer un sistema de vigilancia con escasas salvaguardas. Su director interino, Pepe Flores, señaló que el registro implica un consentimiento forzado, ya que la alternativa para los usuarios es quedar excluidos del servicio.
R3D alertó que la entrega de datos personales y biométricos podría afectar de manera desproporcionada a periodistas, activistas, opositores, migrantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente ante requerimientos de información sin orden judicial.
Antecedentes y marco legal
El registro obligatorio está contemplado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida revive el debate tras el fracaso del RENAUT en 2009 y la invalidez del PANAUT en 2022, cuando la Suprema Corte determinó que ese padrón vulneraba derechos fundamentales.
Especialistas y organizaciones civiles coincidieron en que el verdadero reto será garantizar la protección efectiva de los datos personales y evitar que la medida derive en mayor vigilancia o en nuevas formas de abuso.
