Crece la hipótesis de que la “toma de Caracas” fue parte de un operativo pactado, provocando que el tablero de la geopolítica huela más a negocio petrolero que a democracia, razón por la que el oficialismo en México procura cautela diplomática
Cada día toma más cuerpo la idea de que la irrupción militar en Caracas y la extracción de Maduro no fue una sorpresa, sino un libreto acordado: una captura “impecable” sin bajas estadounidenses, espacio aéreo despejado y una salida directa a Nueva York para juicio, elementos que en conjunto parecen demasiado perfectos para un asalto improvisado.
La secuencia pública es conocida: fuerzas de Estados Unidos detienen a Nicolás Maduro y, junto con su esposa Cilia Flores, lo trasladan; dos días después, Delcy Rodríguez rinde protesta en Caracas; y en Washington, Marco Rubio, secretario de Estado, detalla un plan en tres fases: estabilizar, vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano bajo control estadounidense y conducir la “transición”. Y Donald Trump celebra.
Nada de esto suena a un arrebato: suena a una arquitectura política y financiera. Y así es como la tesis del pacto gana combustible porque el guion excluye a buena parte de la oposición venezolana. María Corina Machado, recién Premio Nobel de la Paz, aplaude la caída, pero no conducirá nada en este proceso.
En lugar de una ruta democrática abierta en la llamada República Bolivariana, la prioridad se formula en términos de control del petróleo, el aseguramiento y la administración de recursos desde Washington. Es geopolítica cruda y dura: primero los barriles, luego las urnas.
Para México, la coyuntura exige un finísimo equilibrio. La Doctrina Estrada y la Carta de la ONU obligan a la prudencia, pero el vecindario manda: Sheinbaum y Omar García Harfuch deben lidiar con un interlocutor real —el Departamento de Estado— más allá de la retórica pendenciera de Trump.
En este tablero, sobran razones para hablar del “protectorado” que impondrá la nación de las barras estrelladas, y faltan señales de una verdadera transición democrática verificable.
Esa es la razón por la que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a todos los sectores del gobierno, incluido el cuerpo diplomático y de su partido, que hablen de respeto a la soberanía, pero no necesariamente asuman una defensa personal de Nicolás y mucho menos dirijan los ataques a Donald Trump, porque parece que el acuerdo es entre dos, no más. Si una que otra oveja descarriada del morenismo habla en otro sentido, es por cuenta y riesgo propio.
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CON LA EUFORIA NAVIDEÑA, el sismo reciente y el asalto a Caracas, ya casi nadie recuerda —ni comenta— la desgreñada que se dieron diputadas del Congreso de la Ciudad de México, que preside Jesús Sesma.
Quedó, sin embargo, la sensación de que nadie ha logrado meter en cintura a las y los legisladores locales. Y eso representa un verdadero desafío para Jorge Armando Rocha, quien en noviembre fue designado director del Canal del Congreso de la Ciudad y titular de la Coordinación de Comunicación Social.
Ocurrentes como son, las máximas autoridades de Donceles y Allende decidieron fusionar ambas áreas con el sobado cuento de la austeridad republicana. Falta ver si eso funciona, porque —por más estrategas y cuotas que paguen—, mientras prevalezcan el desorden y la ley de la selva en el recinto legislativo, todo será inútil.
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A PROPÓSITO DE OCURRENCIAS, dicen los que dicen que saben que el diputado Sesma no ha renunciado a la idea de modificar la política de comunicación social del Poder Legislativo chilango. Insiste en realizar foros para recoger las opiniones de periodistas y comunicadores y, así, justificar una “ley mordaza”. Está por verse también quién le sigue la corriente.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En política, cuando hablan de comunicación responsable, casi siempre quieren decir comunicación obediente”.
