- Fiscalía anticorrupción abrió una carpeta para esclarecer el origen del objeto
- El caso se originó por un collar valuado en 227 mil pesos mostrado en cabildo
- Denunciante exige que la alcaldesa enfrente la investigación sin fuero
Apertura de la investigación
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero inició una investigación penal contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por su posible responsabilidad en el delito de cohecho. La indagatoria busca determinar si la recepción de un collar de alto valor económico guarda relación con el ejercicio de sus funciones como servidora pública.
El collar que detonó el caso
La investigación se desprende de una sesión de cabildo realizada en octubre de 2025, en la que la alcaldesa portó un collar que posteriormente fue identificado como una pieza de la marca francesa Van Cleef & Arpels, con un valor estimado en 227 mil pesos. La difusión de imágenes generó cuestionamientos públicos y motivó la apertura de la carpeta correspondiente.
Postura de la presidenta municipal
López Rodríguez ha rechazado que se trate de una joya de lujo. Ha señalado que el collar no es de oro ni de piedras preciosas, sino de acero inoxidable, y que fue un obsequio recibido con motivo de su cumpleaños por parte de una vecina de la colonia Simón Bolívar. En distintas declaraciones, insistió en que no existe irregularidad alguna en la aceptación del regalo.
Denuncia y diligencias en curso
La denuncia fue presentada por Ramiro Solorio Almazán, excandidato a la alcaldía de Acapulco por el Partido Encuentro Social, quien ratificó su acusación ante la fiscalía a inicios de enero. De acuerdo con el denunciante, ya se recabaron declaraciones de testigos y se prevé que la alcaldesa sea citada a comparecer para rendir su versión de los hechos.
La carpeta quedó registrada bajo el número 12022200300020071125 y continúa en etapa de integración.
Marco legal y posibles sanciones
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guerrero, el delito de cohecho puede configurarse cuando un servidor público recibe bienes o beneficios de valor relevante vinculados con su función, aun sin acreditarse una contraprestación directa. En caso de acreditarse la responsabilidad, las sanciones pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y penas de prisión de hasta 16 años.
Antecedentes adicionales
Este procedimiento se suma a otros señalamientos previos contra la alcaldesa. En 2025 se promovió una solicitud de revocación de mandato ante el Congreso local por presuntas omisiones en su gestión, y la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos de recursos federales ejercidos en 2023.
