Busca el gobierno que la Reforma Electoral se apruebe en marzo para que entre en vigor en 2027. Esthela Damián y Pablo Gómez afinan los detalles, mientras Morena, PT y PVEM negocian cuotas y espacios con una oposición debilitada
La relación con Estados Unidos seguirá en la agenda de Claudia Sheinbaum, pero el asalto a Caracas sorprendió al mundo y a México. Aun así, en Palacio Nacional decidieron bajar el perfil externo y concentrar su capital político en la Reforma Electoral.
El calendario es claro: con la reanudación de actividades este 7 de enero, la Comisión Permanente dará el banderazo para procesar el paquete y, si todo camina como quiere el oficialismo, la aprobación se perfilará entre principios y mediados de marzo para que entre en vigor en 2027.
A la mandataria y a la dirigencia de Morena, de Luisa María Alcalde, les urge cerrar ese tablero: en 2027 se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, alcaldías de la CDMX y varios congresos locales.
Las reglas que se aprueben hoy definirán el campo de juego de mañana. Por eso Esthela Damián, consejera Jurídica, y Pablo Gómez, responsable de la comisión para la reforma, recibieron la instrucción de acelerar la redacción final y blindar los flancos técnicos y políticos del documento.
El rediseño impacta al INE de Guadalupe Taddei y al Tribunal Electoral, encabezado por Gilberto Bátiz. No sólo por los nuevos procedimientos, sino por las bolsas de recursos que se asignarán a la organización de los comicios, a los partidos y a sus campañas.
Entre los puntos que llegarán a la discusión están la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL’s), la reducción de plurinominales, los recortes a prerrogativas, el gasto operativo, el voto electrónico y ajustes al voto de mexicanos en el extranjero.
Y, aunque no se diga en público, también se pondrá sobre la mesa el número de consejeros electorales y de magistrados del Tribunal, así como la forma de elegirlos, para evitar que, como acusan en Palacio, actúen sin alinearse a la 4T.
Nadie fuera del círculo más cercano conoce el texto final. Sin embargo, por las señales emitidas desde la Cámara de Diputados y el Senado, el objetivo es claro: que Morena y sus aliados —PT y PVEM— aseguren el control del ecosistema electoral.
Después de haber avanzado sobre el Legislativo, el Judicial y, por definición, el Ejecutivo, falta planchar al árbitro, su estructura y sus reglas.
Y en un contexto de oposición débil, el debate se convertirá en moneda de cambio para cuotas, posiciones y dirigencias locales rumbo a 2027. El cálculo es simple: ceder espacios a los aliados para conquistar el mapa de poder y mantener una mayoría holgada en el Congreso.
¿Y la relación con Washington? Seguirá allí, pero en segundo plano, por ahora. El gobierno sabe que cualquier sobresalto externo —de la toma de Caracas a eventuales tensiones comerciales— complica la aprobación de la reforma si no se controla la conversación pública. Por eso la prioridad es aprobar sin sobresaltos y llegar a 2027 con reglas claras que resistan auditorías y reclamos.
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PARA BUENA PARTE DEL MUNDO no hay duda: Marco Rubio fue el personaje que diseñó la estrategia que permitió la captura —negociada o no— de Nicolás Maduro. Y sería, además, la cabeza del “protectorado” que Donald Trump pretende imponer en Venezuela.
Este hombre, de origen cubano, funge como enlace directo con el Gobierno de México. La presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantienen con él un canal de comunicación abierto y permanente.
Toda la información y los acuerdos de cooperación con Washington pasan por manos del secretario de Estado, el “número dos” de la Casa Blanca. Por ello, en México se considera que no hay espacio para las declaraciones de Trump contra nuestro país, el gobierno y la Presidenta. ¿Será?
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La geopolítica perdona todo, menos la ingenuidad”.
