- La Corte revocó el amparo que eximía a la empresa del pago correspondiente al ejercicio 2012
- El SAT mantiene facultad plena para fiscalizar a cada entidad del grupo empresarial de forma individual
- Tres ministros votaron en contra al considerar que el caso debía resolverse en un ámbito legal, no constitucional
Resolución del pleno
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Nueva Elektra del Milenio, empresa del grupo de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 67 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por haber declarado una pérdida fiscal mayor a la real en el ejercicio de 2012. Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno revocó el amparo que un tribunal colegiado le había otorgado en marzo de 2024.
Argumentos de la Corte
El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres, concluye que el Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalizar de manera individual a cada empresa, incluso cuando formen parte de un conglomerado que presenta declaraciones consolidadas. Los ministros coincidieron en que esta revisión particular no limita ni contradice el marco legal vigente.
Antecedentes y disputa legal
El tribunal colegiado había concedido el amparo bajo el argumento de que la empresa estaba integrada en el grupo controlador y que este había cumplido con sus obligaciones fiscales. Hacienda impugnó la decisión ante la Corte al afirmar que cada entidad del grupo debe responder por sí misma y está sujeta a verificación directa de su información fiscal.
Votos en contra
Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, junto con el ministro Irving Espinosa, votaron en contra al considerar que el caso debía resolverse en el ámbito legal y no constitucional. Señalaron que existía jurisprudencia aplicable y que el asunto no requería intervención del pleno.
Implicaciones de la sentencia
Con esta resolución, el expediente regresa al tribunal colegiado para que emita un nuevo fallo conforme al criterio de la SCJN. La decisión confirma la obligación de Nueva Elektra del Milenio de pagar la multa establecida por el SAT en 2018 por irregularidades detectadas en la declaración de 2012.
