- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución.
- El Congreso tendrá 180 días para expedir la ley general en materia de extorsión.
- La iniciativa, impulsada por Claudia Sheinbaum, fue turnada al Senado para su revisión.
Aprobación unánime en la Cámara de Diputados
Con 474 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma al artículo 73 de la Constitución, con la que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra la extorsión. El dictamen fue enviado al Senado para su análisis y votación.
Alcances de la reforma
El cambio constitucional obliga al Congreso a elaborar, en un plazo máximo de 180 días tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una legislación que unifique el tipo penal de extorsión, establezca sanciones homologadas y contemple agravantes. La nueva norma también deberá prever mecanismos de prevención, investigación y atención a víctimas.
El delito de extorsión en cifras
Durante el debate, se destacó que entre 2019 y 2024 se registró un promedio anual de 9 mil 407 carpetas de investigación por extorsión, con un crecimiento de 46% en comparación con sexenios anteriores. En 2023, se estimaron 4.9 millones de delitos de este tipo, aunque más del 90% no fueron denunciados. Veracruz, Estado de México y Nuevo León concentran la mayoría de los casos.
Debate legislativo
Diputados de diversas bancadas coincidieron en que la ley debe incluir la voz de víctimas, académicos y organizaciones civiles. También subrayaron la necesidad de contar con recursos presupuestales y personal capacitado para garantizar su aplicación. Se advirtió que las sanciones actuales varían de forma significativa entre estados: en algunos, la pena mínima es de tres años, mientras que en otros puede llegar a 30.
Reacciones políticas
La presidenta Claudia Sheinbaum, impulsora de la iniciativa, resaltó que esta reforma permitirá enfrentar de manera más efectiva uno de los delitos de mayor impacto social y económico. Legisladores como Cuauhtémoc Blanco y Olga Sánchez Cordero también celebraron la aprobación, al señalar que la medida representa un paso decisivo en la protección de familias, negocios y comunidades.
