Críticos internacionalistas advierten que esta elección podría comprometer la independencia judicial
Todo inició con el llamado Plan C, la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien incorporó esta iniciativa en su paquete de reformas, misma que fue aprobada por el Legislativo y publicada en el DOF, el pasado 15 de septiembre del 2024.
Iniciativa presidencial que buscaba “democratizar la justicia mediante el voto popular”, un proyecto que comenzó quizá mucho antes de ese 1 de julio de 2018 cuando Andrés ganó la Presidencia; hoy, un año más tarde, hablamos de un nuevo Poder Judicial. López cumplió, acabó con el “viejo régimen”.
Con la participación de tres mil 406 candidaturas y la elección de más de dos mil 600 cargos judiciales (881 federales y mil 801 locales), el INE enfrentó uno de los mayores desafíos democráticos: traducir un proceso altamente técnico en una decisión ciudadana informada, con sólo la mitad del presupuesto solicitado y en tiempo récord.
Críticos internacionalistas advierten que esta elección podría comprometer la independencia judicial y abrir la puerta a presiones políticas. Mientras el oficialismo defiende la participación popular como un avance, el reto institucional fue enorme: operar unos comicios de esta magnitud con 6 mil millones de pesos y la impresión de 602 millones de boletas, de las cuales sólo se usaron 522 millones.
El proceso dividió opiniones y generó tensiones en la ciudadanía. Hubo 139 mil personas acreditadas como observadoras y 366 visitantes extranjeros de 33 países que dieron seguimiento a la jornada. Sobre los acordeones en las urnas, fueron el parche de un problema estructural, y no del INE, si no de una reforma hecha a modo y a prisa, que se volvió popular por decreto.
El 15 de junio se conocerán los resultados finales de los cómputos distritales y se llevará a cabo la validación de los cómputos nacionales, así como la entrega de constancias a candidatas y candidatos ganadores. El 16 de junio, las candidaturas recibirán los oficios de errores u omisiones en sus informes de campaña. El 18 de julio se presentará el dictamen de fiscalización, y el 28 de julio se votará en el Consejo General. Hasta ahora, sólo 94% de candidaturas ha cumplido con la entrega de informes de gastos. Las sanciones podrían ir desde multas hasta la cancelación de candidaturas.
El reto no fue menor para el INE: transformar una elección compleja en una verdadera herramienta de legitimidad institucional sin sacrificar su autonomía y capacidad jurídica operativa, no fue nada sencillo.
SE TENÍA QUE DECIR:
Suman al menos 10 millones de votos nulos. Hubo una abstención del 87% de la ciudadanía.
Hasta el momento, el puntero en la elección a Ministros de la SCJN es Hugo Aguilar con más de 4.5 millones de votos.
La lista nominal de estos comicios fue de poco más de 99 millones de personas.
Fiscaliza INE a siete mil 773 candidaturas que contendieron a nivel federal y local en la primera elección del Poder Judicial.
Se presentaron 98 quejas en materia de fiscalización, ya investigan gastos por acordeones.
En este nuevo escenario, el gran desafío es que el voto no se convierta en un formalismo político, sino en una auténtica expresión de exigencia y participación cívica.
