- La ONU-DH pide una investigación conforme a estándares internacionales de derechos humanos
- Seis funerarias estarían implicadas en el caso del crematorio Plenitud
- Familias buscan identificar a sus seres queridos entre los restos encontrados
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó al Estado mexicano una investigación exhaustiva, imparcial y con enfoque de derechos humanos, tras el hallazgo de 383 cuerpos en el crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El organismo internacional pidió que se aplique el informe A/HRC/56/56 de la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, el cual establece criterios que garantizan investigaciones efectivas, dignas y respetuosas hacia los fallecidos y sus familiares.
En este caso, al menos seis empresas funerarias estarían implicadas en posibles irregularidades en el tratamiento de los cuerpos, lo que ha generado alarma entre decenas de familias que ya comenzaron a acudir a la Fiscalía estatal en busca de información sobre sus seres queridos.
La ONU-DH subrayó la importancia de aplicar el Protocolo de Minnesota, que establece normas forenses internacionales, así como la asignación de códigos únicos, fotografías, bolsas mortuorias, almacenamiento seguro y trazabilidad para proteger e identificar adecuadamente los restos humanos.
También recordó que los familiares tienen derecho a conocer la verdad, a recuperar los cuerpos y a enterrarlos conforme a sus creencias religiosas y culturales. El trato irrespetuoso a los restos, advierte el organismo, podría constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante.
En su llamado, la ONU-DH recalcó que la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas obliga a los Estados a localizar, identificar y entregar los restos a sus familias, y a mantener registros adecuados.
Por otro lado, advirtió sobre prácticas que deben evitarse incluso en contextos de emergencia como pandemias o desastres naturales, tales como entierros masivos sin registro, incineraciones arbitrarias o errores en la entrega de cuerpos.
Finalmente, recomendó a las autoridades prohibir actos de profanación o mutilación, así como la difusión de imágenes degradantes de cadáveres, ya que podrían constituir violaciones graves a los derechos humanos.
