- La medida incluye vigilancia a jueces, legisladores y secretarios de Estado.
- Hacienda integrará un padrón de personas políticamente expuestas (PEP).
- Oposición alerta sobre posible uso político y violaciones a derechos.
El Senado de la República, a través de sus comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como el Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar las acciones del Estado contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La reforma contempla la creación de un sistema automatizado para el monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEP), como secretarios de Estado, legisladores, jueces y otros servidores públicos de los tres poderes y niveles de gobierno. Estas personas serán objeto de seguimiento especial en operaciones financieras consideradas de alto riesgo.
La Secretaría de Hacienda será la encargada de mantener un padrón actualizado de funcionarios clasificados como PEP. Las instituciones públicas, tanto federales como locales, deberán enviar sus listados para integrar esa base de datos.
Además, las empresas que operen en sectores considerados como “actividades vulnerables” —casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos— deberán contar con manuales internos para detectar movimientos sospechosos relacionados con estas personas.
Sin embargo, senadores de oposición como Manuel Añorve (PRI), Guadalupe Murguía (PAN) y Alejandra Barrales (MC) expresaron preocupaciones por el posible uso político de la norma. Cuestionaron que Hacienda pueda acceder a información personal y financiera sin control judicial, lo que, advirtieron, podría vulnerar la privacidad, la presunción de inocencia y el secreto bancario.
En respuesta, el senador Javier Corral (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, aclaró que la reforma tiene un carácter exclusivamente preventivo y administrativo, y no contempla medidas judiciales como el congelamiento de cuentas.
