Mientras se juega la sucesión en la rectoría de la UAZ, los expedientes penales y las alianzas partidistas dictan las reglas. En lugar de elecciones limpias, hay acusaciones y un aparato estatal que parece más interesado en blindar aliados
Como en una vieja tragedia política mal actuada, la relación entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) ha derivado en una batalla campal digna de telenovela, con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) como escenario principal y los hermanos Monreal como protagonistas incómodos.
La disputa no es nueva, pero esta vez la pugna escaló a niveles que combinan la política, el poder, la justicia y hasta la indignación social.
Zacatecas se suma así a una lista cada vez más larga de entidades donde el divorcio entre aliados deja escombros institucionales.
Ya ocurrió en Hidalgo, Puebla y Coahuila. En todos esos casos, las universidades públicas -teóricamente autónomas- han servido como trincheras donde ex socios se disparan con munición cargada de traiciones, clientelismo y ambición.
En el más reciente capítulo zacatecano, el gobernador David Monreal ha reforzado su poder mediante alianzas con figuras clave como el rector Rubén Ibarra Reyes, cuya cercanía con la familia Monreal es tan pública como incómoda.
Pero el castillo de naipes empezó a tambalearse cuando Ibarra fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado contra una menor. Aunque el delito fue reclasificado para permitirle enfrentar el proceso en libertad, el caso desató una ola de protestas y paros estudiantiles, especialmente tras las denuncias de un manejo judicial más que complaciente.
La indignación crece, y no sólo entre colectivos feministas. Las señales de complicidad institucional son demasiado evidentes como para pasar desapercibidas. El juez del caso, Alfredo Sánchez, es señalado por favorecer al rector, mientras la Fiscalía estatal guarda un silencio que suena más a respaldo que a prudencia.
Y por si el escándalo no fuera suficiente, todo esto ocurre en medio de un proceso de sucesión rectoral que huele más a herencia dinástica que a elección democrática. El 14 de mayo, Ángel Román Gutiérrez -secretario general y aliado de Ibarra- fue electo nuevo rector.
Jenny González Arenas, quien quedó en segundo lugar y representa una corriente crítica, anunció una impugnación. Tres días después, fue vinculada a proceso por administración fraudulenta. Las medidas cautelares que se le impusieron le impiden ejercer su cargo sindical. En términos políticos: la desaparecieron del mapa.
Mientras el fuego cruzado se recrudece, lo que menos parece importar es la universidad en sí. La UAZ está secuestrada por una guerra de élites que usan las estructuras académicas como botín y barricadas.
La pregunta es qué harán desde la capital quienes tienen las llaves del poder nacional: Ricardo Monreal, desde San Lázaro; Saúl Monreal, desde el Senado; Luisa María Alcalde, como dirigente de Morena; y Alberto Anaya, el eterno cacique del PT.
Porque mientras en Zacatecas arde la universidad, en CDMX no se oye ni un mugido. Y eso que el becerro ya está en llamas.
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ES EVIDENTE QUE algunas y algunos gobernadores no han entendido que no todo es Morena. La carnita asada del fin de semana en la Plaza de los Tres Poderes, en Baja California, fue una manifestación pacífica, pero muy ruidosa y estridente para pedir la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Será “muy buena política”, como presumía Andrés Manuel López Obrador, pero la mandataria ha resultado muy mala para manejar la crisis política que le estalló después de que les cancelaran las visas de EU a ella y a su esposo Carlos Torres. Ya nadie se lo cree.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las universidades son semilleros de conocimiento… o de escándalos, según quién las administre”.
