- Morena rechaza que haya desapariciones forzadas en el país y acusa al comité de actuar sin sustento.
- El Senado aprueba pronunciamiento contra el presidente del CED de la ONU, Olivier Frouville.
- Organismos internacionales señalan que el Estado es responsable cuando no investiga ni sanciona estos casos.
Controversia por investigación de la ONU
El Senado de la República aprobó una resolución para solicitar la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que el organismo iniciara un procedimiento para analizar la situación de desapariciones en México.
Morena rechaza señalamientos
Con el respaldo de la mayoría de Morena, el Senado votó a favor del pronunciamiento con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. El argumento central fue que las desapariciones en el país no son atribuibles al Estado mexicano.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de “irresponsables” las acusaciones del comité de la ONU y afirmó que en el actual gobierno no hay evidencia de desapariciones forzadas ordenadas por el Estado.
Oposición defiende investigación internacional
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la postura oficialista. Marko Cortés (PAN) señaló que sí existen desapariciones forzadas por colusión de autoridades con el crimen organizado. Carolina Viggiano (PRI) y Clemente Castañeda (MC) acusaron al gobierno de negar una realidad innegable con más de 124 mil personas desaparecidas registradas hasta 2025.
Sheinbaum también rechaza los señalamientos
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la investigación de la ONU, afirmando que en México “no hay desaparición forzada”, ya que los casos no están relacionados con acciones del Estado. La postura oficial sostiene que se trata de hechos vinculados al crimen organizado, no al gobierno.
Contexto histórico y legal
La desaparición forzada, según la ONU, ocurre cuando hay privación de libertad por agentes del Estado o grupos que actúan con su autorización o aquiescencia. El CED ha señalado que incluso si los hechos son cometidos por terceros, la falta de investigación y sanción también implica responsabilidad estatal.
México arrastra una crisis forense con miles de cuerpos sin identificar y casos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, considerado un crimen de Estado.
