Se avecina un revés contra el INE: El Tribunal está por resolver las impugnaciones que prohíben la promoción oficialista de la elección judicial
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Mónica Soto, se prepara para revertir la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibió a los servidores públicos y a las instituciones de gobierno promover la elección judicial del 1 de junio. Será en las próximas horas cuando el máximo órgano someta a votación del pleno un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, con el que daría respuesta a una treintena de impugnaciones contra el acuerdo INE/CG334/2025, adoptado por la mayoría del Consejo General del INE, con los votos en contra de Guadalupe Taddei, presidenta, y de consejeros identificados con Morena. Durante una sesión la semana pasada, dictaminaron que la propia Reforma Judicial, impulsada por López Obrador y aprobada por Morena, estipula que la promoción del voto es una atribución exclusiva del INE y prohíbe el uso de recursos públicos para promoción y propaganda.
Con base en estos criterios, los consejeros concluyeron que ningún servidor público puede promocionar la participación en las elecciones judiciales. La decisión provocó una ola de reclamos del oficialismo, a la que se sumó Claudia Sheinbaum, quien anunció que impugnaría, junto con las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado. Los morenistas y el gobierno buscan que el Tribunal anule el acuerdo del INE y les autorice a promocionar la votación, algo que cada vez parece más factible, debido a que hay tres magistrados, encabezados por la presidenta, que han tomado decisiones favorables a Morena. Entre quienes presentaron recursos de inconformidad se encuentran la mexiquense Delfina Gómez, así como Loretta Ortiz, ministra de la Corte y candidata a permanecer en su cargo.
En ese contexto, hay optimismo en el gobierno, porque el proyecto para resolver esta controversia cayó en manos de Felipe de la Mata, quien sólo realiza algunos ajustes para presentarlo. Además, quienes tienen acceso a información privilegiada adelantan que es altamente probable que se quite la prohibición, aunque no para todos. La presidenta Sheinbaum y algunas y algunos legisladores podrían continuar con la promoción de la elección judicial.
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TREMENDO JALÓN DE OREJAS propinó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, a los exintegrantes del INAI, que presidía Adrián Alcalá, debido a que hasta el último momento han intentado poner trabas para terminar de entregar la administración del organismo.
En una reunión que sostuvieron la semana pasada, la funcionaria federal echó en cara a las y los comisionados no sólo las declaraciones que han hecho públicamente, sino que hayan utilizado a los trabajadores para provocar una revuelta. Les pidió que se dejaran de hacer “politiquería” y entregaran conforme a la ley. Incluso. Además, les recordó las auditorías que hay en curso por posibles malos manejos presupuestales.
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EN MI ENTREGA DEL 19 DE FEBRERO, di a conocer que unas 800 mil cabezas de ganado ingresan de manera ilegal a México desde Centroamérica, ge- nerando “ganancias” por 400 millones de pesos al año. Eso gracias a que las reses de contrabando contaban con aretes y certificados pirata.
La buena noticia es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Julio Berdegué, puso un alto al multimillonario mercado negro de aretes de identificación del ganado, toda vez que los únicos válidos para circular hacia el centro y norte del país serán ahora los administrados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Desde el pasado 28 de marzo quitaron esa “facultad” a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que preside Homero García de la Llata.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En México no se viola la ley… se le hace una interpretación creativa cada que convenga”.
