En Durango y Coahuila, los gobernadores priistas Esteban Villegas y Manolo Jiménez han manipulado la elección judicial para imponer a familiares y allegados en los cargos clave, eliminando cualquier competencia
Como si se tratara de la época del virreinato, los únicos dos gobernadores del PRI que sobrevivieron políticamente, Esteban Villegas, de Durango, y Manolo Jiménez, de Coahuila, hicieron todo para agandallarse la elección judicial de sus estados: manipularon el proceso, impusieron personeros y familiares, e invadieron esferas de un poder que no les corresponde. En el caso de Durango, el mandatario acordó, con quien sabe quién, mandar candidatos únicos a jueces y magistrados; es decir, no habrá competencia. Y, por si fuera poco, permitió la postulación de hijos, hermanas y esposas de funcionarios de su gobierno. Completamente alejado de la política contra el nepotismo impulsado por la presidenta Sheinbaum, se pasó todo por el arco del triunfo en su afán de mantener el control total de la entidad. Este año, además de los cargos judiciales, se renovarán las 39 presidencias municipales, con el riesgo latente de que el gobernador y el PRI pierdan la mayoría, sobre todo la capital, frente al morenista José Ramón Enríquez Herrera.
El partido guinda les viene pisando los talones debido a la pésima gestión de Esteban. Y, al ver que cada vez tiene menos margen de maniobra, Esteban operó para manipular la elección judicial. Para los 49 cargos en disputa sólo se registrará un candidato o candidata que, al no tener contrincante, podrá ganar la contienda con un solo voto. En la lista de aspirantes a magistrados, por ejemplo, aparece Julio César Piña, hijo de la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza. También figura María Alanís, hermana de Ernesto Alanís, diputado del PRI. En el caso de candidatos a jueces, aparece Luz María de la Rosa Franco, esposa de Francisco Valencia, del equipo de prensa del gobernador, y León Enrique Hernández, hermano del director de Comunicación Social, Víctor Hernández. El gobernador justificó la falta de competencia y, como si se tratara de una burla, dijo que todo fue producto de acuerdos para garantizar la estabilidad en el estado. Si esto fue así, la pregunta que surge es: ¿para qué la Reforma Judicial si los caciques locales siguen acordando en lo oscuro? En el caso de Coahuila, a principios de febrero, Manolo Jiménez operó la remoción de Rodrigo Paredes como presidente del Instituto Electoral local e impuso a Óscar Daniel Rodríguez. La destitución se vio como un ajuste para preservar los intereses del priista. Además, el proceso para elegir candidatos a la elección judicial estuvo marcado por la opacidad y la falta de imparcialidad. Los integrantes de los comités de evaluación no sólo fueron criticados por su falta de experiencia, sino que también se inscribieron en el proceso personas como Blas José Flores González, quien además de fungir como jefe de gabinete de Manolo, fue integrante del Comité Ejecutivo, en un evidente conflicto de intereses. De todo esto ya se tomó nota en Palacio Nacional y, aunque Manolo y Villegas han coqueteado con el gobierno, los tienen en la lista negra. Y pronto podrían sentir el enojo presidencial por seguir actuando como los viejos caciques, con prácticas nuevas.
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PARA HACER FRENTE A LOS RUMORES y especulaciones, el titular del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con la presidenta Sheinbaum con quien conversó en privado sobre su situación al frente del instituto y otros temas que atañen al organismo, como el desabasto y compra de medicamentos. Entre otras cosas, la mandataria le hizo saber que no había intenciones de hacer un relevo y que, en todo caso, se pondría orden en todas las irregularidades que han detectado en las instancias encargadas de abastecer y adquirir fármacos, porque la situación se salió totalmente de control.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Con Villegas y Manolo, la democracia es tan transparente en Durango y Coahuila que ya ni se ve”.
