Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) presentaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Senado para solicitar la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, acusándola de intromisión en el proceso electoral y de actuar en favor de intereses políticos de la oposición.
Acusaciones de Extorsión y Falta de Autonomía
En una conferencia de prensa, el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, afirmó que el Poder Judicial se ha convertido en una institución que sirve a los intereses políticos de la oposición, acusando a Piña de extorsionar a magistrados electorales y de intervenir en el proceso electoral. “Norma Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial y cometió el delito de extorsión contra los magistrados electorales. Estas son causas graves suficientes para que presente su renuncia”, declaró Montoya. Añadió que, según su percepción, el Poder Judicial nunca antes había sido tan mancillado como ahora bajo la presidencia de Piña.
Vínculos Políticos y Falta de Imparcialidad
El senador de Morena, Israel Zamora, destacó la existencia de presuntos vínculos entre la ministra Piña y Roberto Gil Zuarth, quien presidía el Senado cuando se aprobó su nombramiento para la SCJN. Zamora alegó que Piña actuó como intermediaria de “Alito” Moreno, presidente del PRI, en reuniones con magistrados que podrían influir en la nulidad de la elección presidencial. “La ministra presidenta actuó como cabildera de ‘Alito’ Moreno para sentarlo con los magistrados que en determinado momento podrían determinar la nulidad de la elección presidencial. Esto pone en duda la autonomía del Poder Judicial”, afirmó Zamora.
Zamora también mencionó que ya en 2015, durante el proceso de su nombramiento, se cuestionaba la independencia de Piña debido a sus vínculos con el PRI, lo que ahora genera dudas e incertidumbre jurídica.
Investigación Periodística y Violaciones al Código de Ética
El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, presentó una investigación del Poder Judicial de la Federación. García Almaguer señaló que, según el código de ética, este tipo de reuniones deberían realizarse en las instalaciones de la Corte o del Tribunal, y acusó a Piña de violar dicho código al no hacerlo.
