Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 14.0% de los adultos mexicanos experimentó actos de corrupción al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios el año pasado. Aunque esta cifra se mantuvo constante en comparación con años anteriores, los costos asociados a la corrupción aumentaron significativamente.
Dwight Dyer, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, reveló que el costo total de la corrupción en trámites aumentó en un 42.5% entre 2021 y 2023, alcanzando los 11 mil 911 millones de pesos. Este repunte, tras una caída en 2021, devuelve los niveles de costos de corrupción a los registrados en 2019.
Según Dyer, los trámites que implican contacto con autoridades de seguridad pública son los más propensos a actos de corrupción, con una tasa del 59.4% de la población adulta afectada. Le siguen los trámites para abrir una empresa, con un 27.5%, y los relacionados con la propiedad, con un 22.3%.
En cuanto a los costos de corrupción, los trámites vehiculares encabezan la lista con 611.2 millones de pesos, seguidos por el pago de tenencia vehicular con 147.7 millones de pesos, y los trámites en el registro civil con 77.6 millones de pesos.
La ENCIG también reveló un aumento en la realización de trámites a través de internet, con un 16.2% de los trámites realizados de esta manera en 2023, lo que representa un incremento de 1.8 puntos respecto a 2021. Esto refleja un cambio hacia la digitalización de los servicios gubernamentales, con casi la mitad de la población adulta interactuando con el gobierno a través de medios electrónicos.
A pesar de estos desafíos, el 50.0% de la población adulta afirmó estar satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda recibidos de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la ENCIG muestra que aún hay áreas de mejora, especialmente en servicios como las calles y avenidas, la policía y las carreteras sin peaje, que recibieron las calificaciones más bajas en términos de satisfacción por parte de los ciudadanos.
